Piden que jueces vinculados al partido de Gobierno no participen del caso Odebrecht
La opositora Marcha Verde exigió hoy que ninguno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia vinculados a los intereses del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) participe en el juicio contra los implicados en el caso de Odebrecht que están o serán sometidos penalmente por ello.
La movilización pacífica comenzó a las 10.00 de la mañana hora local (14.00 GMT) frente a la bodega del ingenio Porvenir, para llegar a la parte frontal de la catedral, y contó un equipo especial de orden para garantizar que la manifestación fuera otro ejemplo de reclamo ciudadano.
La convocatoria ha tenido una respuesta muy superior a la que esperaban los organizadores, con miles de personas que macharon contra la corrupción y por el fin de la impunidad, según señaló a Efe uno de los portavoces del movimiento, Franiel Genao, que manifestó su satisfacción por la amplia acogida.
Al leer a coro un manifiesto durante la movilización convocada por el movimiento en San Pedro de Macorís (este), miles de activistas rechazaron cualquier tipo de participación de los magistrados Hiroito Reyes, Frank Soto, y Alejandro Moscoso Segarra en el más grande escándalo de corrupción de las últimas décadas.
Su oposición a la intervención de los jueces se debe a que creen que "podrían favorecer a los corruptos peledeístas con sentencias benignas, como lo han hecho en otras ocasiones", apuntaron los portavoces.
Para el movimiento, además, "llegó la hora de que el Ministerio Público cite e interrogue al presidente de la República, Danilo Medina, por los serios indicios que existen sobre el financiamiento ilegal de sus dos últimas campañas electorales con fondos de la constructora mafiosa".
"Ahora o nunca debemos aumentar el reclamo de Justicia en cada rincón de la Patria, para que ningún integrante del lodazal de Odebrecht quede impune", dice la proclama, en la que también se exige la persecución penal de las sobrevaluaciones, el contrato de Punta Catalina y la venta irregular de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), causante de la muerte de dos hijos meritorios de San Pedro de Macorís", agrega el documento.
Durante la marcha de hoy, el movimiento también convocó a la ciudadanía de todo el país a la Marcha Nacional que realizará el próximo domingo 16 de julio en el Distrito Nacional.
El objetivo de la nueva acción, es reclamar que el caso Odebrecht se profundice incluyendo la investigación penal del presidente Danilo Medina, los expresidentes Leonel Fernández (2004-2012) e Hipólito Mejía 2000-2004).
Así mismo, piden que se incluya al secretario general del PLD Reinaldo Pared Pérez, a la expresidenta del Senado, Cristina Lizardo, y al vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) Rubén Bichara, así como a los demás funcionarios y legisladores que estuvieron al frente de la promoción, negociación y aprobación de los contratos mafiosos.
La próxima Marcha Nacional marcará un plazo para que el procurador Jean Alain Rodríguez dirija la investigación hacia las figuras que verdaderamente han tenido el control de la entrada y salida de todos los contratos de Odebrecht en República Dominicana o se atenga a las consecuencias de su irresponsabilidad histórica.
"Convocamos a toda a la ciudadanía a la Marcha Nacional para demostrar, una vez más, que el pueblo dominicano ha despertado y seguiremos luchando hasta alcanzar justicia plena y el fin de la impunidad".
En este momento hay 14 imputados por el caso de los sobornos por valor de 92 millones de dólares que la constructora brasileña admitió haber pagado en el país entre 2001 y 2014, de los que 8 se encuentran a la espera de su traslado a prisión, después de el juez de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco impusiera el pasado miércoles las correspondientes medidas de coerción.
Las detenciones en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos.