Contenedor radioactivo no va: Terrientes

El ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, dejó claro que no se ha instalado, ni se instalará un contenedor para desechos radiactivos en Corozal, área revertida del Canal de Panamá. Además, se busca otro sitio que cumpla no solo con las normas nacionales, sino también con la recomendación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Comisión Reguladora de Energía Nuclear de Estados Unidos.

Las declaraciones del titular de Salud se dieron la mañana de este martes, 30 de septiembre, luego de sostener una reunión con los moradores de Corozal, preocupados por lo que consideran la posible instalación de este contenedor para desechos radiactivos.

Terrientes aclaró que desde la pasada administración de gobierno se llevó a cabo un programa para la instalación de un contenedor de fuentes radiactivas huérfanas, se hicieron los estudios en aquella ocasión y se decidió instalarlo en la Región Metropolitana de Salud que queda en Corozal, sin embargo, la actual administración de Salud optó por reevaluar la situación y suspender la instalación de dicho equipo hasta ubicar otro sector que cumpla con todas las normas nacionales e internacionales que rigen la materia.

Las fuentes huérfanas son aquellas que no están bajo la supervisión o control regulatorio de la autoridad competente (Dirección General de Salud del Ministerio de Salud - Minsa), entre éstas, artefactos o productos que puedan o no tener riesgos radiactivos y que en algún momento fueron abandonados bajo ninguna responsabilidad.

“Hemos asumido la responsabilidad de que probablemente ha habido una mala comunicación, porque nos reunimos con la Junta Comunal del sector y aparentemente la información hacia abajo no ha permeado de la manera correcta, pero estamos aquí dándole la cara a la comunidad”, dijo el Titular de Salud.

En la reunión participaron residentes de Corozal, miembros de la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal con su coordinadora Aida Torres, un representante de la Asociación de Comunidades de Ciudades de la República y el abogado Donaldo Sousa, quien exigió la suspensión del proyecto hasta que se determine que cumpla con todas las normas ambientales y de ordenamiento territorial nacionales e internacionales.