Contralor Flores prevé entregar al Ministerio Público más información sobre auditoría de Panama Ports la próxima semana

Ciudad de Panamá, Panamá/El contralor general de la República, Anel Flores, anunció este viernes, que prevé entregar la próxima semana al Ministerio Público información adicional sobre la auditoría de Panama Ports Company (PPC), que involucra a antiguos miembros de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y a ejecutivos de la empresa.

Durante una conversación organizada por el Atlantic Council en Washington D. C., Flores explicó que la ampliación responde a una solicitud del procurador general de la Nación.

El procurador general de la Nación nos ha solicitado más información sobre lo que estamos haciendo con la auditoría. Deberíamos completar ese trabajo y entregarlo al Ministerio Público la próxima semana”, expresó.

Aseguró que “eso involucra a todos los antiguos miembros de la junta directiva de la Autoridad Marítima y a parte de los ejecutivos de PPC, porque alguien tiene que explicarnos qué ocurrió realmente”, pero sin revelar los nombres.

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Flores, a través de este escenario, pidió al Ministerio Público que las investigaciones permitan determinar responsabilidades penales por las modificaciones al contrato de concesión.

“Espero que el Ministerio Público y el procurador (Luis) Gómez lleven esto hasta el final, porque hay personas que deben responder por el daño que le hicieron a su país. Por eso los llamo malos panameños”, manifestó.

Cuestionamientos al contrato de PPC

El contralor calificó el caso de Panama Ports como “un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer”. Según explicó, el contrato original de 1997 contemplaba $22 millones anuales y el 10% de los ingresos brutos, frente a los entre $6 millones y $7 millones que los puertos aportaban previamente al Tesoro.

Indicó que Panamá recibió casi $29 millones en 2001, pero que las modificaciones posteriores cambiaron el cálculo de los pagos hacia los movimientos de contenedores y los ingresos netos de una contabilidad a la que, según afirmó, no tenían acceso.

“Esos $29 millones se convirtieron en $1.4 millones de un año a otro”, señaló.

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“Tuvimos una licitación pública que se ganó bajo determinadas condiciones. De pronto, comenzaron a cambiarlas para favorecer más al que la había ganado, en este caso PPC”, expresó.

Flores sostuvo que su auditoría identificó pérdidas por $1,300 millones y adelantó que también revisan otras concesiones. “Según las cifras que obtuve en mi auditoría, perdimos $1,300 millones con ese acuerdo. Creo que es uno de los principales ejemplos de lo que no se debe hacer”, declaró.

Propone control estatal de infraestructura estratégica

Al abordar el futuro del sistema portuario, Flores aclaró que hablaba a título personal.

“Primero, esta es mi opinión, no la del Gobierno”, dijo, antes de plantear que los puertos deberían permanecer bajo control estatal, mediante una empresa propiedad del Estado y operadores encargados de su administración.

“Creo que la mayoría de estos recursos tan importantes, como los puertos y el sistema portuario, deberían ser propiedad del Gobierno de Panamá”, expresó.

Su propuesta contempla un sistema de distribución de ganancias que garantice una participación justa para el país. Como referencia, mencionó el modelo del canal de Panamá y sus aportes al Tesoro, que situó en $3,500 millones anuales.

También cuestionó una posible venta de los puertos por entre $1,700 millones y $1,800 millones. “Como dijimos en ese momento: ‘Esos puertos no son suyos para venderlos’”, afirmó.

140 proyectos abandonados

Flores también aseguró que heredaron de administraciones anteriores 140 proyectos abandonados, pese a tener más del 80% de avance.

“Eso les ha costado a los panameños más de $1,100 millones y vamos a necesitar otros $300 millones para terminarlos”, señaló.

Según el contralor, algunos proyectos llevan 10 años sin concluir y sus costos han aumentado por el tiempo transcurrido. Ante ese escenario, dijo que están reforzando los controles sobre los plazos y advirtiendo a las aseguradoras que exigirán el cumplimiento de las fianzas.

“Cuando otorgan una fianza o un aval a un contratista, deben saber que esa persona tiene la capacidad de terminar la obra”, expresó.

Además, mencionó que trabajan en una resolución y cuestionó el uso de adendas para extender los plazos sin costo adicional, aunque no completó la explicación sobre el alcance de la prohibición que plantea.

“Ahora estamos insistiendo en que los contratos deben tener un inicio y un final”, manifestó.

Reducción de tiempos y pagos a proveedores

Sobre la gestión de la Contraloría, Flores afirmó que los procesos de pago que antes tomaban 280 días se han reducido a 3.6 días, mientras que los trámites de contratos pasaron de más de 125 o 130 días a tres días.

Explicó que utilizan alertas para detectar retrasos y revisan los pliegos de cargos para procurar licitaciones abiertas y competitivas. “Cuando algo está tardando demasiado en un escritorio, debemos averiguar por qué”, dijo.

Flores también aseguró que eliminaron intermediarios y mantienen contacto directo con proveedores, contratistas, cámaras de comercio, Apede y representantes industriales. Añadió que publican información sobre pagos, firmas y refrendos para recuperar la confianza.

“Hemos eliminado a todos los intermediarios. No hay nadie en medio. Pueden llamarme directamente y la mayoría lo hace”, afirmó.

En cuanto a las cuentas por pagar del Gobierno, señaló que anteriormente los proveedores reclamaban deudas de entre $1,500 millones y $2,000 millones.

“Hoy estamos pagando nuestras cuentas por pagar en menos de 60 días. Las hemos reducido. Creo que deberíamos estar alrededor de $600 millones en cuentas corrientes, que se van renovando y son normales”, expresó.

Según las cifras que presentó, la administración anterior refrendaba y tramitaba contratos por unos $30,000 millones anuales, mientras que el año pasado su gestión superó los $70,000 millones, incluyendo asuntos pendientes. Agregó que firman y refrendan más de $3,500 millones al mes.

El contralor vinculó la agilización de los pagos con el empleo, la ejecución de obras y la reducción de costos financieros.

“Cada vez que se retrasa un pago un día, hay intereses. Alguien está pagando intereses”, advirtió.

Estamos trabajando intensamente para recuperar esa confianza, tanto del sector público y del sector privado como de la comunidad bancaria. Antes, cuando alguien ganaba un contrato en una licitación pública y lo llevaba a un banco, algunos bancos tenían reservas sobre aceptar ese factoring o ese financiamiento, porque nunca sabían cuándo ni cómo iban a recibir el pago", dijo el contralor.

APP y financiamiento de obras

Flores también mencionó las asociaciones público-privadas (APP), los proyectos vinculados al Canal de Panamá y los puertos como parte de las perspectivas económicas. Mencionó dos proyectos de carreteras bajo la modalidad de asociaciones público-privadas (APP): uno entre Panamá y Darién y otro entre Panamá y Santiago, Veraguas.

Según explicó, el primero tomó cinco meses para ser refrendado y puesto en marcha, mientras que el más reciente quedó firmado y listo en 22 días. También habló de ampliar la posibilidad de que instituciones como el Idaan utilicen esta modalidad y de extender los períodos de financiamiento de las obras públicas.

“Estamos intentando ampliar ese período de financiamiento para tener un mejor flujo de caja y poder ejecutar más obras públicas. Pero eso requiere una base que ofrezca seguridad jurídica a los inversionistas”, manifestó.

Déficit, crecimiento y empleo

En materia fiscal, Flores sostuvo que la deuda se duplicó entre 2019 y 2024 y mencionó pagos superiores a $5,000 millones en intereses.

“Hemos reducido el déficit, que era de 6.2% en 2024, a 3.7%, y estamos proyectando 3.5% para este año”, expresó.

Al cierre de la conversación, volvió a mencionar el 3.5%, esta vez como una reducción alcanzada. También aseguró que los subsidios de combustible, electricidad y otros, que cifró en más de $3,000 millones anuales, no han sido afectados.

Sobre el empleo, señaló que el desempleo pasó de más del 11% al 8.5%, lo que, según indicó, representa casi 60,000 panameños trabajando nuevamente. Añadió que el país se acerca al nivel de 7.5% previo a la pandemia.

Flores afirmó que la economía creció 5.5% durante el primer semestre y estimó que podría acercarse al 5.7%.

“Queremos transmitir el mensaje de que estamos mejor y seguimos mejorando. Vengan a conocernos y formen parte de nuestro crecimiento y desarrollo”, expresó al destacar la estabilidad del país, su economía dolarizada y sus relaciones con Estados Unidos.

Auditorías y recuperación de fondos

Flores también se refirió al alcance de sus funciones y aclaró que no puede ordenar encarcelamientos. Señaló que las auditorías han identificado casos de personas que no pueden justificar sus bienes después de dejar sus cargos y mencionó que unas siete u ocho permanecen en prisión mientras avanzan sus procesos judiciales.

“También deberíamos poder recuperar ese dinero, o parte de él, porque lo necesitamos”, manifestó.

El contralor, quien dijo llevar un año y nueve meses en el cargo, sostuvo que busca dejar como legado el cuidado de los recursos públicos, la conclusión oportuna de escuelas y hospitales y la disponibilidad de medicamentos.

Cuando me vaya, quiero que la gente reconozca que hicimos nuestro trabajo y que fuimos tras quienes perjudicaron al país y al dinero de los panameños”, expresó.