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Ciudad de Panamá, Panamá/El estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional ante el avance del fenómeno de El Niño genera expectativas, pero también cuestionamientos sobre las acciones concretas y los recursos que serán destinados para enfrentar sus efectos, principalmente sobre el sector agropecuario.
Las reacciones se dieron durante la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (Anaprole), presidida por Ricardo A. Pérez, donde el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, reiteró que la declaratoria busca precisamente permitir al Gobierno anticiparse y adoptar las medidas necesarias para mitigar el impacto del fenómeno climático.
Linares explicó que una de las principales preocupaciones está en el llamado Arco Seco, donde la falta de agua representa uno de los mayores desafíos para los productores.
“El principal problema en el Arco Seco es agua”, afirmó el ministro.
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Ante este escenario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario contempla proyectos para la construcción de reservorios y abrevaderos, además de soluciones más permanentes mediante el uso de geomembranas.
El ministro también planteó la posibilidad de establecer acuerdos con propietarios de fincas que dispongan de suficiente agua durante la estación seca, de manera que puedan abastecer a productores vecinos para el consumo de los animales.
A estas medidas se sumaría el apoyo con forraje, medicamentos, vitaminas y otros insumos para prevenir enfermedades que suelen afectar al ganado durante los períodos de sequía.
Sin embargo, desde la Asamblea Nacional se cuestiona que, hasta ahora, no exista suficiente información sobre el alcance de la emergencia y los recursos que serán utilizados.
La diputada de Vamos y comisionada de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Janine Prado, señaló que los diputados aún no han recibido detalles sobre cuánto dinero será destinado, en qué se utilizará y cuáles serán las áreas prioritarias de intervención.
“En este momento no tenemos todavía certeza de qué tanto va a abarcar este período de emergencia”, manifestó Prado, quien indicó que conocieron la declaratoria principalmente a través de las noticias.
La diputada también cuestionó que el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre los productores eran previsibles, al tiempo que recordó que el cambio climático ha incrementado la incidencia de este tipo de eventos.
Prado puso como ejemplo las discusiones presupuestarias recientes, en las que, según dijo, llamó la atención la disponibilidad de recursos para proyectos relacionados con la cosecha y almacenamiento de agua, pese a que los productores enfrentan dificultades económicas para realizar por sí mismos este tipo de inversiones.
El Gobierno decretó este martes un estado de emergencia en todo el territorio nacional para preparar y ejecutar medidas frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño. La medida se mantendrá, según lo anunciado, hasta el 30 de junio de 2027.
De acuerdo con los monitoreos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), El Niño se encuentra actualmente en una categoría “muy fuerte” y está evolucionando con rapidez.
La directora del Imhpa, Luz Graciela Calzadilla, advirtió que 11 cuencas hidrográficas del país se encuentran actualmente bajo estrés hídrico, una situación que podría agravarse durante los próximos meses.
El pronóstico apunta a que entre octubre y diciembre se alcanzará el punto máximo de las temperaturas en el Pacífico Ecuatorial, lo que provocaría un adelanto de la temporada seca.
Según Calzadilla, hacia mediados de noviembre las lluvias comenzarán a disminuir considerablemente y en diciembre prácticamente no se registrarían precipitaciones. Esto anticipa una temporada seca entre enero y abril que podría ser “mucho más complicada” de lo habitual.
La situación adquiere mayor relevancia porque el país ya arrastra un déficit de lluvias después de una temporada lluviosa que no ha permitido recuperar completamente las reservas de agua.
La ministra Dinoska Montalvo recordó ayer que esta no es la primera vez que el país adopta una medida de emergencia por esta causa. En 2024 se decretó una emergencia similar que permitió intervenir en puntos críticos como Tonosí, donde las autoridades aseguran que se logró contener una afectación recurrente.
El Gobierno sostiene que la declaratoria actual busca actuar antes de que las condiciones se deterioren aún más, mientras productores y diputados esperan conocer con mayor precisión cuáles serán los proyectos, las áreas de intervención y los recursos económicos que se pondrán a disposición para enfrentar la emergencia climática.