Cuando los Ángeles Caen
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Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) inició las gestiones para cumplir con las primeras sentencias judiciales relacionadas con el envenenamiento masivo por dietilenglicol, que establecen el pago de 25,000 dólares a cada una de las primeras 12 víctimas reconocidas. A su vez, la entidad anunció que destinará una partida de $300 mil para cubrir estas indemnizaciones.
Sin embargo, el monto ha generado cuestionamientos por parte del Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, que considera insuficiente la indemnización frente a las consecuencias que dejó la intoxicación con medicamentos contaminados. Representantes del comité cuestionaron que se haya establecido una compensación $25 mil para estos casos y señalaron que las indemnizaciones deberían considerar las condiciones particulares de cada víctima.
Daniel Sarmiento, presidente de este Comité, sostuvo que ya existen antecedentes de compensaciones superiores y mencionó que tres personas recibieron en conjunto $180,000, aunque aclaró que no necesariamente todas las víctimas deben recibir el mismo monto. Sarmiento agregó que algunas personas afectadas continúan enfrentando problemas renales. También indicó que algunas víctimas presentaron demandas y otras no.
La CSS informó el 8 de septiembre que mantiene en marcha las gestiones administrativas, presupuestarias y tecnológicas necesarias para cumplir las decisiones emitidas por los tribunales de justicia en relación con el caso. La institución indicó que ya dispone de una partida presupuestaria para los primeros 12 beneficiarios reconocidos en las sentencias formalmente notificadas.
Los trámites administrativos para efectuar estos pagos se encuentran en curso. La CSS explicó que revisará individualmente cada sentencia que le sea notificada para determinar las acciones administrativas y presupuestarias correspondientes, según el contenido y alcance de cada fallo. Además, la CSS deberá publicar en su sitio web las disculpas públicas ordenadas por los tribunales, de acuerdo con los términos establecidos en las respectivas sentencias.
En abril de 2026, el Órgano Judicial informó sobre las primeras sentencias de fondo en las demandas contencioso-administrativas relacionadas con el caso de intoxicación por dietilenglicol.
De acuerdo con información divulgada por la magistrada María Cristina Chen Stanziola, hasta marzo de 2026 un total de 387 procesos habían llegado a la etapa de fondo, equivalentes al 82% de los expedientes. Además, 65 casos se encontraban en apelación, siete en fase de pruebas, cinco en alegatos y ocho pendientes de otros trámites.
En las primeras tres decisiones, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia determinó que existió una falla en el servicio público, al comprobarse la distribución de un producto defectuoso que provocó afectaciones a la salud de los demandantes. Aunque el tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para acreditar completamente los daños materiales reclamados, sí reconoció la existencia de daño moral, tomando en consideración la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas.
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Con información de Nicanor Alvarado