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Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia de inspección ocular en el corregimiento de Ciricito, provincia de Colón, como parte de una investigación relacionada con un posible delito contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), según un comunicado del Ministerio Público.
Se conoció que la investigación está vinculada a un contrato de obras civiles destinado a la construcción de 443 unidades sanitarias en diferentes sectores del corregimiento, como parte de un programa de sanidad básica.
En la diligencia se inspeccionaron sectores como El Porvenir, El Chorrillito, Marañoncito y Nuevo América, para verificar la ejecución del proyecto y constatar si las personas incluidas en la lista de beneficiarios efectivamente recibieron la construcción de los servicios sanitarios.
Ayer también se informó que la Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia de inspección ocular en la Caja de Seguro Social (CSS), con el fin de darle impulso a varias investigaciones que lleva adelante, específicamente por supuestas conductas delictivas relacionadas con delitos contra la administración pública, peculado, contra el orden económico y retención indebida de cuotas.
Esta inspección guardaría relación también con la investigación sobre la denuncia que se presentó contra la pasada administración de esa entidad (2019-2024), liderada por Enrique Lau Cortés, por el presunto traslado ilegal de recursos hacia el Gobierno Central.
De acuerdo con la denuncia presentada por la administración del actual director de la CSS, Dino Mon, quien ya ha presentado más de 100 querellas desde octubre a la fecha por distintas irregularidades en la administración de la CSS, en su momento se detectó un movimiento de fondos cercano a los 400 millones de dólares entre 2023 y los primeros meses de 2024, cuando el director de la institución era Lau Cortés.
De acuerdo con datos de la investigación, el movimiento millonario se habría hecho como un traslado desde la CSS al Gobierno Central en 2023 y $100 millones en los primeros meses de 2024.
Cabe aclarar que se habla de un presunto traslado ilegal de fondos, porque, según la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, se prohíbe cualquier desvío de los fondos de la Caja de Seguro Social a otras entidades del Estado, y eso es lo que se quiere investigar.
Precisamente, el pasado 23 de mayo, Lau Cortés fue notificado por una investigación sobre desvío de fondos.
La inspección se hizo en varios departamentos de la CSS y busca aclarar por qué se dio el traslado de estos fondos.