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Imputan a ocho personas en julio por presuntos delitos de peculado; 4 son exfuncionarios
Además, como parte del seguimiento activo a los procesos en curso, se realizaron diligencias investigativas en diversas instituciones públicas.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) brindó un informe sobre las acciones más relevantes ejecutadas durante el mes de julio en diversas provincias del país en el marco de las investigaciones por delitos contra la administración pública.
Como parte de una investigación relacionada con el Programa de Desarrollo Integral Sostenible (PDIS), en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, se desarrollaron acciones como parte del operativo “Comunidad” que dejó a dos personas aprehendidas.
Se trata de un exrepresentante y una extesorera de la Junta Comunal de Villa Rosario, investigados por peculado doloso agravado, tras una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), que reporta una lesión patrimonial superior a $800,000 correspondiente al periodo 2019–2024.
Luego de una audiencia de garantías, la Fiscalía Anticorrupción logró la legalización de los exfuncionarios, la imputación de cargos y la aplicación de la medida cautelar de retención domiciliaria para ambas personas.
En Panamá Oeste, también fue aprehendido un contratista del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), vinculado a la operación Sanidad. Esta persona mantiene cuatro carpetas abiertas y es investigada por el delito de peculado doloso agravado.
Mientras que, en el sector de Guayabito, se aprehendió a una persona, otra está pendiente de ubicación. Se legalizó la aprehensión, se imputaron cargos y se dictó la medida cautelar de detención provisional.
De igual forma, en la provincia de Chiriquí se desarrollaron actividades investigativas relacionadas con la lesión patrimonial de la denominada “descentralización paralela”.
Las acciones se llevaron a cabo en las juntas comunales de los distritos de Bugaba y Tierras Altas.
En el corregimiento de Volcán se logró la aprehensión de un representante y un tesorero. Al primero se le impuso retención domiciliaria y al segundo, reporte periódico.
En tanto, en el corregimiento de Solano, distrito de Bugaba, fueron aprehendidas dos personas. Posteriormente, se legalizaron sus detenciones y fueron imputadas; se les aplicó la medida cautelar de retención domiciliaria.
Además, como parte del seguimiento activo a los procesos en curso, se realizaron diligencias investigativas en diversas instituciones públicas, con el objetivo de recopilar información, fortalecer los expedientes en marcha y avanzar en la tramitación de causas penales por delitos contra la administración pública.
