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Procurador Gómez Rudy presenta propuesta de ley general anticorrupción ante la Asamblea Nacional
Fiscalía Anticorrupción mantiene 3,840 causas activas relacionadas con delitos que afectan los intereses del Estado.
Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, presentó este jueves ante el pleno de la Asamblea Nacional dos iniciativas legislativas clave en la lucha contra la corrupción: la Ley General Anticorrupción y el proyecto que modifica el Código Penal en materia de delitos contra la administración pública.
Durante su intervención, Gómez enfatizó que la corrupción no debe entenderse como un fenómeno distante ni como una amenaza abstracta. “La corrupción no constituye una amenaza abstracta, ni una realidad distante, sino un cáncer que corroe los cimientos del Estado de derecho. Erosiona la confianza de la ciudadanía en el contrato social donde todos estamos llamados a cumplir con nuestro deber”, declaró ante los diputados.
El jefe del Ministerio Público advirtió que “estamos por debajo del promedio de la región”, haciendo referencia a los bajos indicadores de percepción en transparencia institucional en informes internacionales de transparencia. Añadió que “la corrupción sigue siendo un problema que requiere reformas”.
Más de 3 mil casos activos contra la corrupción
En ese sentido, el procurador reveló que la Fiscalía Anticorrupción mantiene 3,840 causas activas relacionadas con delitos que afectan los intereses del Estado. Entre estos mencionó “delitos contra la administración pública, también aquellos delitos contra el orden económico como la retención indebida de cuotas obrero-patronales, blanqueo de capitales, así como delitos patrimoniales”.
Este volumen evidencia no solo la magnitud del fenómeno sino también su transversalidad y la capacidad que se tiene de poder infiltrarse en diversas esferas de la administración pública y del ámbito económico”, dijo.
Las propuestas legislativas, según explicó Gómez, se fundamentan en compromisos internacionales asumidos por Panamá. “Estas propuestas hallan inspiración en compromisos internacionales que la República de Panamá ha adquirido y debe respetar, entre ellos, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, precisó.
El objetivo del paquete legislativo, según el procurador, es claro: “Cerrar todas aquellas brechas que de una u otra forma permiten que la corrupción evolucione y que se adapte con mayor rapidez dentro de las capas institucionales que están llamadas a combatir este flagelo”.
¿Qué propone la Ley General Anticorrupción?
Entre los avances que planteó el Procurador, dijo que, con esta iniciativa, lo que buscamos es incorporar técnicas especiales de investigación cuya eficacia ya ha sido demostrada en el combate de otros delitos de naturaleza asociada al crimen organizado. La propuesta regula figuras como la colaboración eficaz y los acuerdos de pena para personas jurídicas, y también refuerza mecanismos clave para la identificación, recuperación y restitución de activos públicos.
Asimismo, señaló que contempla un procedimiento ágil y especializado, siempre bajo el estricto cumplimiento del debido proceso y con pleno respeto a la presunción de inocencia y las demás garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política de la República de Panamá.
Además, detalló que se busca que:
- Las fiscalías podrán sustentar investigaciones sin depender exclusivamente de auditorías de la Contraloría General; podrán usar auditorías internas, informes periciales o de expertos.
- Se incorporan técnicas especiales de investigación, como:
- Interceptación de comunicaciones
- Operaciones encubiertas
- Entregas vigiladas
- Compras controladas
- Se permitirá la aprehensión provisional de bienes vinculados a delitos de corrupción.
- Se ampliarán los plazos de prescripción de los delitos, permitiendo mayor margen de actuación a la justicia.
- Se establecerá un régimen procesal para declarar como “complejos” aquellos casos cuya magnitud o naturaleza lo amerite.
- Se flexibilizará la cooperación internacional, eliminando obstáculos burocráticos para el intercambio de información y la acción conjunta con otras autoridades.
- Las instituciones públicas deberán actuar como querellantes y cooperar en tiempos definidos con las investigaciones del Ministerio Público.
Cabe recordar que recientemente el diputado y jefe de la bancada de Vamos, Roberto Zúñiga presentó una propuesta de ley que busca impedir que la corrupción tenga fecha de vencimiento. La propuesta contempla reformas al Código Penal para declarar “imprescriptibles” todos los delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos o particulares que hayan afectado fondos o bienes del Estado.
