Procuraduría de la Nación: Corrupción, auxilios y blanqueo: el mapa judicial del momento

Ciudad de Panamá/Siete meses después de asumir el cargo, el procurador general Luis Gómez Rudy intenta imprimirles velocidad a varios de los casos de corrupción más visibles del país. Mientras la Asamblea Nacional recibe sus propuestas legales para combatir este flagelo, el Ministerio Público avanza con investigaciones de alto perfil que incluyen detenciones, exhumaciones y solicitudes internacionales de captura.

El escándalo por los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la investigación a Panamá Ports por una supuesta lesión patrimonial de más de $1,200 millones, y las denuncias contra agentes estatales durante las protestas en Bocas del Toro, figuran entre los procesos más sensibles que enfrenta la Procuraduría.

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Ifarhu: hay más investigados además de Meneses

Aunque la atención pública se ha centrado en la detención del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, por presunto peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado agravado, Gómez Rudy asegura que no es el único bajo la lupa.

“Se investiga a otros exfuncionarios y particulares que se han beneficiado de los auxilios. No es únicamente [Meneses], llegarán las personas indiciadas en la medida en que los elementos de convicción lo permitan”, dijo el procurador en entrevista con TVN Noticias.

A diferencia de otras entidades públicas, el Ifarhu sí se constituyó en querellante dentro del proceso, lo que, según el procurador de la nación, ha facilitado el acceso a información y podría permitir el reclamo de resarcimientos.

Panamá Ports: tres meses de diligencias y una causa de “alta complejidad”

Una auditoría de la Contraloría General entregada en abril de este año reveló posibles anomalías en el contrato de concesión con la empresa Panamá Ports Company (PPC). La Procuraduría abrió una investigación de oficio y, a la fecha, acumula más de 160 diligencias, entre ellas entrevistas, comisiones y solicitudes de información.

El caso fue asignado a una unidad especializada para “causas de alta complejidad”, integrada por fiscales superiores y personal técnico. Pese a ello, ningún directivo de PPC ha sido citado aún a declarar.

“Estamos en etapa preliminar, acopiando elementos que permitan conectar a sujetos con la posible comisión de delitos. Si algún directivo resulta vinculado, se evaluará su citación”, explicó Gómez Rudy. Recordó que, al estar en esa fase, los posibles involucrados mantienen el derecho a no declarar, salvo que así lo deseen mediante abogado.

Junta Comunal de Barrio Norte: sin informe de Contraloría, pero con investigación abierta

Sobre las investigaciones por descentralización paralela en la junta comunal de Barrio Norte, en Colón, el procurador confirmó que el Ministerio Público mantiene un expediente activo, aunque aún no ha recibido el informe oficial de auditoría de la Contraloría General.

“Ese número que usted menciona lo he escuchado, pero no lo he visto en papel. Hasta donde sé, los fiscales anticorrupción no me han informado sobre un informe formal”, dijo. Ante la posible implicación de un diputado, recordó que sería competencia de la Corte Suprema de Justicia, no del Ministerio Público.

Cabe recordar que el contralor Anel Flores declaró recientemente que en esa junta comunal hay “$3 millones sin sustento”.

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Protestas en Bocas del Toro: 281 judicializados, 95 denuncias contra policías y exhumación de cadáver

Los disturbios registrados en Bocas del Toro entre octubre y noviembre de 2023 siguen generando procesos penales. Según cifras del Ministerio Público, 281 personas han sido judicializadas, algunas con detención provisional y otras con medidas cautelares distintas.

“A mi criterio, eso no eran manifestaciones pacíficas. Se aperturaron múltiples investigaciones”, sostuvo Gómez Rudy. También se tramitan 95 denuncias contra agentes de seguridad, algunas presentadas por la Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles. Las causas se reparten entre Bocas, Veraguas, Chiriquí, Darién y Coclé.

Uno de los casos más sensibles es la muerte de una infante, que sus padres atribuyen al uso de gases lacrimógenos. Gómez Rudy confirmó que se abrió una investigación de oficio, se localizó a los familiares y se obtuvo autorización judicial para la exhumación del cuerpo, que se realizará en agosto.

En paralelo, se investiga la muerte de un adulto, confirmando que la misma se produjo por arma de fuego, según reveló el informe del Instituto de Medicina Legal. “Estamos recabando evidencias”, dijo el procurador, sin mayores detalles.

Caso Odebrecht: el juicio sigue en pie

Sobre el expediente Odebrecht, el procurador aseguró que el Ministerio Público está listo para el juicio, cuya fecha tentativa es en el mes de noviembre de 2025, con una segunda fecha alterna, enero de 2026. “La primera fecha suele excusarse por ausencias o incapacidades de defensa privada. La fiscalía está preparada para cualquiera de las dos”.

El caso incluye 32 imputados, recuperaciones por casi $15 millones, multas por $74 millones, y bienes valorados en $10 millones. “Aún esperamos algunas asistencias judiciales de Brasil y Estados Unidos. Si no llegan, hay suficientes elementos para llevar a juicio a quienes ya han sido llamados”, afirmó.

Sindicalistas bajo investigación: de estafas y blanqueo

Dos investigaciones en las dos fiscalías contra la delincuencia organizada involucran a dirigentes sindicales. La primera, por blanqueo de capitales y fraude financiero con documentación falsa para obtener créditos. La segunda, por asociación ilícita, estafa agravada, y falsificación, fue impulsada por denuncias de más de 200 trabajadores afiliados a esos sindicatos.

Sobre Saúl Méndez, quien salió de Bolivia y se encuentra en Venezuela, Gómez Rudy confirmó que tiene una alerta roja de Interpol y está considerado prófugo internacional. “Hemos solicitado extradiciones antes desde Venezuela y han sido negadas o no respondidas. Este caso requerirá un análisis de los fiscales”, dijo.

Consultado sobre los señalamientos del presidente José Raúl Mulino contra los dirigentes sindicales, el procurador evitó confrontaciones: “Para nosotros son individuos dentro de un proceso penal, y se les respetará el debido proceso y la presunción de inocencia”.

Propuestas anticorrupción: sin aprobación, pero con presión pública

El Ministerio Público ha presentado ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley general contra la corrupción y reformas al Código Penal y Procesal Penal, en respuesta —según el procurador— a obstáculos que enfrentan los fiscales en sus investigaciones.

Entre los puntos planteados está reducir la dependencia de auditorías de la Contraloría en casos de peculado. “Esta ley busca permitirnos usar auditorías internas, informes del Instituto de Medicina Legal, entre otros elementos que nos ayuden a determinar el daño causado”, señaló Gómez Rudy.

También pidió que las instituciones públicas dejen de limitarse a presentar denuncias y se conviertan en querellantes, para garantizar acceso a información oportuna y facilitar el reclamo de resarcimientos. “Uno de los objetivos es lograr el recobro de los fondos públicos que fueron tomados”, apuntó.

Frente a las críticas de que esta ley aumentaría su poder, el procurador respondió: “No son técnicas nuevas. Ya se usan a nivel internacional con control judicial. Lo que buscamos es tener herramientas sofisticadas”.

Luis Gómez Rudy afirma que su compromiso es mantener la independencia de la institución frente a presiones políticas o mediáticas. “Respetaré la Constitución, la ley y me debo a la ciudadanía”, concluyó la entrevista con este medio.