Investigaciones por enriquecimiento ilícito se complican

La investigación por supuesto enriquecimiento injustificado, tanto contra el separado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna como contra el exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino y el exdirector del Programa de Ayuda Nacional, Rafael Guardia, se complican por cuanto ni la Contraloría General, ni el Ministerio Público y mucho menos la Asamblea Nacional cuentan con suficientes auditores.

Así lo dejó hoy de manifiesto, el exprocurador general Rogelio Cruz, en una entrevista en Noticias AM.

De acuerdo con la Ley 59 de 1999, es la Contraloría General quien determina, con su Departamento de Auditoría, si hay enriquecimiento ilícito, en caso que exista el delito, se debe presentar la denuncia con la prueba sumaria, sin cual, el Ministerio Público no puede iniciar una investigación, explicó Cruz.

El letrado afirmó que la Fiscalía Anticorrupción no puede imponer medidas cautelares personales contra el exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, ni contra el exdirector del Programa de Ayuda Nacional, porque todavía no los ha acusado de enriquecimiento injustificado.

Hasta ahora, se han cautelado cuentas bancarias por más de 9 millones de dólares que están a nombre y que tienen como beneficiario a Guardia.

Cruz dijo que en esta etapa, la Contraloría permite que el señalado demuestre cómo obtuvo sus bienes, procedimiento que se conoce como inversión de la carga de prueba. Hasta el momento, ni Ferrufino ni Guardia, han explicado cómo obtuvieron bienes y dineros.

En cambio, contra Moncada Luna, el diputado fiscal, Pedro Miguel González le imputó cuatro delitos; enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos y corrupción de servidores públicos, por lo que las juezas de garantías ordenaron su separación del cargo y le prohibieron salir de su casa y del país.

Al respecto, Cruz dijo que el diputado fiscal, Pedro Miguel González tendrá la misión casi imposible, porque la Asamblea no cuenta con peritos contadores para determinar si los ingresos del separado magistrado, pueden cubrir sus gastos.

Cruz observó que ni el Ministerio Público tiene la cantidad suficiente de auditores y la Contraloría se ha venido quejando que no tiene auditores suficientes ante la cantidad de auditorías que están pidiendo.

La demora en la investigación, según Cruz, crea cierto grado de impunidad.