Operación Tamiz: aplican medidas cautelares por corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos públicos
La Fiscalía reveló que un funcionario de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) habría recibido aproximadamente 24 mil dólares en su cuenta bancaria entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
Ciudad de Panamá/Corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos públicos son los principales delitos investigados en la Operación Tamiz, que permitió identificar una presunta estructura dedicada a la tramitación irregular de permisos de armas mediante documentación falsa.
Este viernes 14 de agosto de 2026, un Tribunal de Garantías aplicó medidas cautelares a siete personas, entre ellas cuatro miembros de la Policía Nacional, un capitán jubilado y dos particulares.
Durante la audiencia, la fiscal Digna Castillo solicitó detención provisional para un subteniente de la Policía Nacional y un capitán jubilado, señalados por su presunta participación en los hechos investigados.
La Fiscalía reveló que un funcionario de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) habría recibido aproximadamente 24 mil dólares en su cuenta bancaria entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
Según la tesis del Ministerio Público, el funcionario presuntamente recibía dinero de particulares y posteriormente realizaba transferencias a un exfuncionario que mantenía contactos para facilitar la obtención de permisos de armas.
La investigación también establece que al documento utilizado para el trámite, denominado formulario de soportes, presuntamente se le incorporaban documentos falsos, entre estos pruebas antidoping negativas, certificados psicológicos y certificados de tiro.
Entre los involucrados figuran Jorge Luis Gómez, subteniente de la Policía Nacional y funcionario de la DIASP; Anel Morales Núñez, capitán jubilado; Francisco Mendoza, vinculado a la Dirección Nacional de Tránsito; Miguel Oscar Graciani, del Bloque de Búsqueda; Elías de Jesús Simpson, policía asignado al Complejo La Joya; y los particulares Diego Jair Martínez y Ricardo Alfredo Poyatos.
Previamente, el Tribunal de Garantías había legalizado las aprehensiones y dado por presentada la formulación de imputación de cargos, además de conceder el plazo legal para el desarrollo de las investigaciones.
La audiencia se desarrolló durante los días 13 y 14 de agosto, con la participación de las fiscales Yasmina Montoya y Digna Castillo. Por parte de la DIASP participó el licenciado Omar Rodríguez.
Los imputados fueron asistidos por los abogados particulares Ronaldo Wilwood, Antony Barriol, Víctor Quijada y Leonel Contreras.
El Ministerio Público continuará con las diligencias para establecer el grado de participación de cada uno de los investigados y esclarecer el mecanismo utilizado para la presunta obtención irregular de permisos de armas.