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Panamá/Los bancos, aseguradoras e instituciones financieras que discriminen, excluyan o impongan recargos a sobrevivientes de cáncer amparados por la ley del olvido oncológico se exponen a sanciones que comienzan en $10,000, explicó el diputado Jorge Bloise, proponente de la normativa.
La Ley 547 del 8 de septiembre de 2026 protege a quienes hayan completado cinco años continuos sin recaídas desde la terminación de su tratamiento y les reconoce el derecho a acceder a créditos, seguros y otros servicios sin ser afectados por su antecedente oncológico.
Hay sanciones. La ley modificó en sus últimos cuatro artículos lo que es la ley bancaria, la ley de seguros y de las instituciones financieras; por ende, todas las instituciones que incumplan esta norma tienen sanciones que cargan desde los 10 mil dólares para cada uno de los casos”, explicó Bloise.
Las denuncias podrán presentarse ante las superintendencias de Bancos y de Seguros y Reaseguros. En determinados casos relacionados con instituciones financieras, también podrán tramitarse ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
El diputado adelantó que acompañarán a los sobrevivientes en la aplicación de la nueva normativa y promoverán jornadas de sensibilización para que conozcan sus derechos.
La nueva ley establece que los sobrevivientes de cáncer que hayan completado cinco años continuos sin recaídas después de terminar su tratamiento no podrán ser discriminados por bancos, instituciones de crédito ni compañías aseguradoras debido a su historial médico.
Este derecho quedó reconocido mediante la Ley 547 del 8 de septiembre de 2026, conocida como ley del olvido oncológico. La norma prohíbe excluir a estas personas o aplicarles recargos en las primas por haber padecido la enfermedad.
El diputado Jorge Bloise, de la bancada Vamos y proponente de la iniciativa, afirmó que la sanción representa un mensaje para quienes superaron el cáncer, pero continuaban enfrentando obstáculos al intentar obtener un préstamo, contratar un seguro o acceder a un empleo.
Para nosotros es un mensaje súper importante decirle a todos los sobrevivientes que su vida no acaba luego de haber tenido esta enfermedad”, expresó.
Bloise aseguró que Panamá se convirtió en el primer país de Centroamérica en reconocer este derecho. “Panamá se convierte en el primer país de Centroamérica en establecer el derecho al olvido oncológico”, manifestó.
El diputado explicó que la dimensión del problema se hizo evidente al conocer testimonios de sobrevivientes a quienes se les negaban productos financieros y coberturas de seguros, incluso varios años después de haber superado la enfermedad.
“Puede ser desde un adulto que no ha accedido a un préstamo hipotecario, pero puede ser desde un joven que no ha accedido a tarjeta de crédito”, señaló.
Uno de los casos que más lo impactó fue el de jóvenes que no podían realizar pasantías porque no eran aceptados en las pólizas colectivas requeridas por las empresas.
Lo que más me tocó el corazón cuando presentamos el proyecto era conocer jóvenes que no pueden hacer sus pasantías y me decían: ‘Tengo que ver con la escuela cómo aplico otra metodología para graduarme, porque todos estamos haciendo pasantías, pero yo no puedo hacerla porque no entro en el seguro colectivo, porque tuve cáncer cuando tenía 2, 3 años, hace 10 años superé la enfermedad’”, relató.
Bloise también mencionó casos de trabajadores que quedaban excluidos del seguro colectivo de sus empresas únicamente por haber tenido cáncer 15 o 20 años antes.
“Hay personas que me han escrito: ‘Tenía 30 años esperando este momento, tenía 25 años esperando poder sacar una tarjeta, poder sacar una póliza, poder entrar a mi póliza colectiva del trabajo’”, declaró.
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Según el diputado, la norma podría beneficiar a más de 25,000 sobrevivientes, cifra que obtuvo durante consultas efectuadas con el Instituto Oncológico Nacional. Reconoció que la cantidad real podría ser mayor.
En otro tema, Bloise cuestionó que el proyecto de reformas electorales proponga eliminar la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), espacio en el que participan partidos políticos, representantes de la libre postulación, la sociedad civil, la academia, organizaciones no gubernamentales y sectores empresariales y laborales.
Aunque reconoció que el Tribunal Electoral tiene la facultad constitucional de presentar los proyectos de ley en esta materia, consideró que la comisión permite que sectores ajenos a los partidos participen en la revisión de las reglas electorales.
Este ejercicio democrático es muy sano, que se había creado y que, de hecho, siempre lo decía, es uno de los únicos, hasta donde encontré, el único país en el mundo que en cada elección revisaba su norma electoral para saber qué mejorar”, expresó.
Bloise admitió que durante la discusión en la CNRE fueron aprobadas propuestas que consideró contrarias a la Constitución. Sin embargo, sostuvo que la respuesta debe ser reformar la composición y los mecanismos de participación de la comisión, no suprimirla. “Ahora, no por eso podemos eliminar la mesa. Lo que hay que mejorar también es, tal vez, la participación, la cuota de cada uno de los colectivos, los balances entre ellos”, manifestó.
El proyecto de reformas electorales presentado por el Tribunal Electoral propone eliminar la Comisión Nacional de Reformas Electorales, establecida en el Código Electoral como mecanismo para discutir y consensuar las modificaciones en conjunto con el Tribunal, y trasladar la consulta al Foro Ciudadano y de Libre Postulación.
La propuesta está contenida expresamente en el artículo 34 del proyecto, que señala: "Se deroga el artículo 136 del Código Electoral".
En la exposición de motivos, bajo el apartado denominado “modernización del mecanismo de participación”, el Tribunal Electoral explica: “Este presente Proyecto de Ley propone derogar el artículo 136 del Código Electoral, disposición que establece la Comisión Nacional de Reformas Electorales como mecanismo institucional para la discusión y formulación de propuestas de modificación de la legislación electoral”.
El documento sostiene que la comisión respondió a una etapa determinada de la evolución democrática del país. “En este nuevo contexto, mantener la Comisión Nacional de Reformas Electorales como condición institucional para la construcción de las reformas electorales supone conservar un mecanismo diseñado para una realidad histórica que ha sido progresivamente superada por el propio desarrollo de la democracia panameña”, plantea el proyecto.
En reemplazo de la CNRE, la iniciativa propone fortalecer el Foro Ciudadano y de Libre Postulación como organismo permanente de consulta del Tribunal Electoral. El artículo 33 establece: “Artículo 134. Se reconoce el Foro Ciudadano y de Libre Postulación como organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral, según lo reglamente. El Foro Ciudadano y de Libre Postulación será convocado durante los procesos de consulta que realice el Tribunal Electoral, y cuando lo estime conveniente".
El diputado pidió a la población mantenerse atenta al primer debate del paquete de reformas electorales, previsto para comenzar el próximo miércoles en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
“Hay diputados y personas pensando en cambiar la norma en el 2026 para poder asegurar su cuota de poder en el 2029”, advirtió.