Millones en arrendamiento y lujos

Los alquileres de oficinas del Estado siguen generando cuestionamientos. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), funcionaba en una oficina pequeña en Clayton, pero en 2012 se cambió a vía España. La actual directora de Ampyme, Ada Romero, aseguró que se paga más de un millón de dólares por estas oficinas que no recibían mantenimiento por parte del propietario, incluso, ya se ordenó un análisis al Ministerio de Salud (Minsa) porque todo indica que el edificio está enfermo.

Romero aseguró que el dueño del inmueble es el señor Figali. Explicó que el arrendamiento inicia en enero de 2012, y se mantiene vigente al 31 de diciembre de este año. Son 107 mil dólares mensuales, $1 millón 284 mil anual.

Diana Barés, funcionaria de la entidad, agrega que se paga precios muy altos por oficinas en el sótano que no tienen ventanas.

Otra de las críticas es que estas oficinas pagadas con fondos del Estado eran utilizadas durante la administración de la exministra de la entidad, Giselle Burillo, para fines políticos. El presupuesto de alquiler paso de 1.4 millones de dólares en 2013 a 1.7 millones de dólares en 2014.

El excontralor Alvin Weeden opina que “evidentemente todas estas oficinas son negociados”. Pero Burillo se defendió diciendo que quiso ubicar las oficinas de modo que fuera de fácil acceso (se ubica justo donde hay una estación del Metro) y defendió la compra de algunos muebles. “las oficinas públicas no se deben ser chiqueros”, indicó.

Además, de los alquileres, se cuestiona los lujos que se permiten en algunas instituciones. Por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, la Contraloría le aprobó a la exdefensora Patria Portugal una partida a la entidad por 2 mil 998 dólares con 14 centavos para la compra de un sofá marca Ralph Lauren.

Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, dijo que la ciudadanía señala que las oficinas públicas no deben tener lujos, “lo que se quiere es que las oficinas sean funcionales… debe haber control de la contraloría”.

¿Pero quienes se ocupan de buscar lugares para el alquiler? Para Transparencia Internacional es necesaria una regulación. La directora de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (Mef), Aracelly Méndez, señaló que las propias instituciones, mediante la relación contractual con los dueños de los inmuebles deciden la cantidad de unidades y metros cuadrados a alquilar.

Gasnell señaló que hay una escasa fiscalización de los alquileres. Dijo que se permiten los contratos directos, sin licitación. Argumenta que deberían existir al menos parámetros mínimos.

Según el Mef, los alquileres más altos anualmente lo pagan: la Procuraduría de la Nación, que alquila por 5.5 millones de dólares; el Mef, $5 millones, el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), $3 millones; la Contraloría, $2.9 millones y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), $2.4 millones.

El actual gobierno no descarta retomar el proyecto de la Ciudad Gubernamental, que albergaría 13 instituciones públicas, y se estima ahorrará al estado unos $12 millones al año en alquiler.