Panamá, un año después del 4 de mayo de 2014
Tras un año de las elecciones de 2014, ¿reina la calma en Panamá? Activistas y dirigentes de agrupaciones de la sociedad civil organizada, consultados por tvn-2.com sobre este tema, hacen un balance de la situación.
Los dirigentes consultados coinciden en que los días de represión y persecución pareciera que quedaron atrás, lo que consideran un avance. Sin embargo, advierten que aún falta mucho por hacer. Aquí sus recuerdos y opiniones sobre lo que el gobierno de Juan Carlos Varela deberá enfrentar.
COLONENSES REPRIMIDOS
Edgardo Voitier, del Frente Amplio por la Democracia de la provincia de Colón ha señalado que “no hubo una mayor represión que la que se registró contra gente humilde”, y que a la postre en medio de la ola de protestas tres perdieron la vida, entre ellos un menor.
Un panorama que, a criterio de la dirigencia indígena es totalmente distinto con el gobierno de Juan Carlos Varela: una “posición conciliadora, pero dilatadora”.
LAS LUCHAS INDÍGENAS
El dirigente Ricardo Miranda, del Movimiento 10 de Abril, agrupación ambiental que en 2012 alzó su voz de protesta en contra de los proyectos mineros e hidroeléctricos de la Comarca Ngäbe Buglé, rememora que en la pasada gestión gubernamental se vivieron “tiempos difíciles”.
El periodo de Ricardo Martinelli (2009-2014) fue un gobierno marcado por la represión, la persecución y el engaño, afirma el indígena, que todavía no olvida la lucha que emprendió su pueblo por la defensa de los recursos naturales comarcales.
Miranda recuerda que la represión fue subiendo de nivel, con las protestas de Bocas del Toro por la Ley 30 de 2010, que dictaba medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, pero que dentro del documento contenía una disposición que eliminaba las evaluaciones de impacto ambiental para obras que fueran declaradas de interés social. Fue la llamada “ley chorizo”.
Además, la norma introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, y en seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la del Medio Ambiente.
Estas modificaciones causaron grandes manifestaciones públicas entre junio y julio de 2010 por parte de la sociedad civil panameña, las cuales fueron objeto de una violenta represión. El saldo final: cientos de lisiados de por vida producto de las manifestaciones.
La ola de represión siguió tiñéndose de sangre a los dos años siguientes, con las protestas indígenas en San Félix, donde se acusó a las autoridades policiales de utilizar armas letales. La represión indígena, de ese domingo negro, el del 5 de febrero de 2012, trajo como saldo, dos muertos y más de una veintena de heridos, que todavía claman hoy por ser indemnizados.
Luego, continuaron las protestas en Colón, cuando el entonces mandatario panameño sancionó una ley que permitía la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón.
Después de lo vivido en el quinquenio pasado, el dirigente Ngäbe Buglé dice que contrario al gobierno de Martinelli, en este gobierno Varela ha tenido la iniciativa de mantener las puertas abiertas al diálogo. Sin embargo, su punto débil está en las ejecutorias de las diferentes demandas de la sociedad civil.
Lo que ocurre es que esas demandas de la sociedad civil no se han ejecutado con la “celeridad” que han esperado, añadió Miranda.
“¿PACTO DE NO AGRESIÓN?”
Para el dirigente sindical del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), Rafael Chavarría, el trasfondo de esta aparente pasividad, es “la existencia de un Pacto de no agresión”, entre el gobierno y algunos sectores de la dirigencia sindical.
Un pacto que, asegura Chavarría, que martilla las necesidades de la población: el alto costo de la canasta básica, los índices de inseguridad no disminuyen y el alto costo de los medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS), entre otros problemas que aquejan al pueblo panameño.
El abogado Miguel Antonio Bernal opina que, si bien “antes con Martinelli teníamos un gobierno perseguidor y excluyente”, ahora con Varela, “muchos dirigentes se han ido detrás del canto de la sirena del gobierno, abandonando su rol como sociedad civil”.
Como prueba, cita los nombramientos recientes de quienes en otrora fueron activistas cuestionadores de la administración pública. Durante este gobierno fue nombrada Angélica Maytín, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, como directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai); y Félix Wing, un activo ambientalista, como secretario general de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam).
Para Alfredo Motta, del Movimiento Independiente (Movin), el panorama con el gobierno de Juan Carlos Varela es distinto. “La ciudadanía ha ejercido un rol más vigilante, el gobierno no ha sido represivo, y la sociedad civil tiene un papel mucho más activo”, destacó.
MEDIOS, VIGILANTES
Para Norma Nuñez Montoto, el gobierno de Martinelli “desde el primer día se convirtió en una permanente confrontación con los medios”.
Pero lejos de esta realidad, Montoto insiste en que el periodista no debe abandonar su norte, y tiene que convertirse en “el verdadero rol fiscalizador de la verdad y de la gestión de gobierno”.
Sin importar cual gobierno esté de turno, Montoto destaca que al inicio del gobierno de Varela se respiró una tranquilidad. Sin embargo, agregó que “el periodista no puede apasionarse y debe informar los hechos en apego a la verdad y no con ningún gobierno”, concluyó la periodista.
