Rechazan ‘quinto intento' del gobierno de Varela por controlar libertad de expresión
Gremios periodísticos a través de un comunicado denunciaron lo que denominan el “quinto” intento de la administración de Juan Carlos Varela en “regular la libertad de expresión en el país”.
La nota de prensa que es respaldada por el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e información, el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación Panameña de Radiodifusión, asegura que rechazan la intención del Gobierno de controlar políticamente los medios de comunicación.
"Este es el quinto intento durante la actual administración de regular la libertad de expresión, a pesar que la legislación panameña contempla las normas necesarias para recurrir a la justicia ordinaria y los medios de comunicación son parte del acuerdo de autorregulación que contempla la ley 24 del 30 de Junio de 1999", destaca la nota prensa.
El gremio periodístico informa al Ministerio de Gobierno que no aceptará esta propuesta que a través de un reglamento a una ley aprobada durante la administración de Ricardo Martinelli, cuyo objetivo es reestablecer los controles de la tristemente recordada Dirección Nacional de Medios de Comunicación, creada por la dictadura militar y que hoy pretenden denominar irónicamente como "Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión", con funciones muy similares, pero en Democracia.
El proyecto, que está en manos del Ministerio de Gobierno, y al que TVN Noticias ha tenido acceso, establece sanciones de entre $1,000 y $3,000 contra los medios que inciten la violencia o la discriminación contra la mujer.
También contra los que exhiban explícitamente actos de intimidación, violencia física, maltrato, tortura, acoso, violación y asesinato de mujeres.
La medida alcanza a todo tipo de medios análogos o digitales.
El Gobierno piensa establecer, además, una Dirección de Libertad de Expresión, en la que los diarios y revistas con tiraje superior a 10 mil ejemplares, televisoras, radioemisoras y portales digitales se registren, demuestren su domicilio y transparenten la información sobre sus dueños.
Los procesos administrativos tardarán no más de 30 días, aunque el ministerio podría prorrogarlos 30 días adicionales.
Destaca el comunicado que por los hechos expuestos anteriormente, nuestras organizaciones rechazan contundentemente cualquier intento que busque limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, imprescindibles para la sostenibilidad de la democracia, entre estos, fundamentalmente, la libertad de expresión y la de estar informados, al tiempo que alertamos a la ciudadanía en general a prestar atención sobre este tema.
