ACP apela a la conversación con grupo que rechaza el proyecto de río Indio

Ciudad de Panamá/Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se refirió a la situación con el grupo de personas que rechazan la construcción del embalse de río Indio y solicitó que se puedan dar las conversaciones para entender la posición de la Coordinadora Campesina contra los Embalses, quien esta mañana se pronunció para rechazar abiertamente el proyecto.

Aunque reconoce que es un proceso difícil, Espino de Marotta apela al buen entendimiento con los residentes, para que tomen en cuenta lo que ha hecho la ACP en la cuenca occidental y sus comunidades.

Aclaró que, luego de la aprobación de fondos para el proyecto por parte de la junta directiva, se realizará el plan de reasentamiento ordenado con los residentes del censo, y en una segunda etapa se definiría cómo será la compensación, enfatizando que todo se realizará bajo un proceso de conversación entre la ACP y los residentes.

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“La segunda etapa ya viene a definir cómo será esa compensación, y eso se va a desarrollar en conjunto con los residentes, no es algo que el canal lleva impuesto o ha elaborado”, indicó.

Detalló que actualmente en esta cuenca hay seis oficinas de la ACP preparadas con información para quienes deseen conocer sobre el proyecto.

Tenemos una trayectoria donde el Canal lo que dice lo cumple, y para nosotros este proceso debe ser de crecimiento para las personas, no de desmejorar ninguna calidad de vida, sino conversar y dejarlos en una situación mejor y saber qué es lo que tienen y cuál es la opción que cada familia quiere”, subrayó.

Según expresó Alcibiades Martínez, representante de la comunidad Tres Hermanas, "la preocupación, más que nada, de nosotros, los campesinos, es que se imponga un proyecto sin la debida consulta ciudadana. Las normas y el acuerdo de Escazú, firmado por jefes de Estado, garantizan que la opinión del pueblo debe ser tomada en cuenta. Ese acuerdo nos da la garantía de poder ser escuchados”.

El ambicioso proyecto está valorado en unos 1,900 millones de dólares. Actualmente, la ACP se encuentra en proceso de negociación con las comunidades afectadas, que abarcan territorios de la provincia de Colón, la provincia de Panamá y el distrito de Capira.