Sistema de justicia se estremeció

El derribo de una pared del Figali Convention Center en Amador, el 7 de julio de 2009, marcó un estilo de gobierno que se acercó bastante al "todo vale".

En enero de 2010, la entonces jefa del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, tuvo que enfrentar un proceso que terminó en separación del cargo y posterior condena por la Corte Suprema de Justicia. La acusación fue que había ordenado una interceptación de llamada, en un caso penal contra un fiscal, sin estar autorizada por la Ley para hacerlo. El hecho fue interpretado como una factura política y, un año más tarde, saldría a la luz una conspiración, supuestamente orquestada desde cerca del poder Ejecutivo.

Del presunto ardid hubo un caído. Se trató de un magistrado de la Corte Suprema, su nombre: José Abel Almengor, quien antes de llegar a la Corte había sido funcionario del Ministerio de la Presidencia. Con anterioridad, Almengor fue fiscal, subalterno de la procuradora Gómez. Él fue señalado de presuntamente ser parte de una organización de abogados perseguidos por la exprocuradora.

Ante esas acusaciones, en abril del 2011, Almengor presentó su renuncia al Presidente de la República, la cual fue aceptada.

A Almengor lo reemplazó Harry Díaz, cuyo nombramiento ha sido objeto de por lo menos cinco demandas de inconstitucionalidad, por haber ejercido un cargo con mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo antes de ser designado magistrado.

En el Ministerio Público se designó a Giuseppe Bonissi, rector de la Universidad Marítima, quien 10 meses después renunciaría al cargo, tras un escándalo producido en la Fiscalía de Drogas de Herrera y Los Santos, por la liberación de cuatro presuntos narcotraficantes.

Tras la crisis con el magistrado Almengor, en abril de 2011, el presidente Martinelli designó una Comisión Especial de Consulta de las Reformas a la Constitución Política de la República de Panamá. Sus once miembros se reunieron regularmente y emitieron un documento, que al final no fue considerado por el Ejecutivo.

En días recientes, la Corte Suprema de Justicia ha emitido fallos que han tomado por sorpresa a ciudadanos en distintos niveles. El fiel de la balanza de los máximos jerarcas de la justicia panameña se movió:

Declaró inconstitucional el asilo de la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (Das) de Colombia, María del Pilar Hurtado, requerida en su país por interceptaciones ilegales de llamadas.

Ordenó a la Asamblea Nacional suspender la discusión -en primer debate- del proyecto que establece nuevos límites al humedal de la Bahía de Panamá.

Y, rompiendo con su fallo anterior, la Corte eliminó la pena accesoria de inhabilitación del ejercicio de funciones públicas a la exprocuradora Ana Matilde Gómez, quien ahora podrá asumir su curul como diputada de la República desde el 1 de julio.

Escándalos en Salud

En la administración Martinelli se dieron varios escándalos en materia de salud:

* La muerte de nueve neonatos

* Bacteria KPC: 23 muertos

* Epidemia de dengue: 14 muertos