Toda investigación que mencione a Martinelli debería ser remitida a la Corte: Gómez

La diputada independiente Ana Matilde Gómez, planteó hoy en Noticias AM que toda investigación que surja en la que se mencione directamente al expresidente y actual diputado del Parlacen, Ricardo Martinelli debe ser remitida a la Corte Suprema de Justicia, Órgano del Estado al que le compete investigar a los diputados, aunque admite que la Ley 55 de 2012 ( ley del blindaje) limita cualquier investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción solo ha remitido un caso, la compra con sobrecostos de la comida deshidratada, el cual fue admitido por la Corte Suprema de Justicia, a pesar que el exgobernante es mencionado en otros casos.

Llama la atención el caso de la compra, uso y desaparición de los equipos con los cuales fueron interceptadas supuestamente las comunicaciones de 150 personas entre políticos, empresarios, magistradosen el gobierno anterior.

Hace tan solo dos días, que el diario La Prensa divulgó unas declaraciones de los agentes del Consejo de Seguridad Nacional, Jubilo Graell y Javier Quiroz, quienes, según el reportaje, aseguraron haber trasladados los equipos a las oficinas administrativas del Súper 99 en Monte Oscuro, de propiedad del expresidente Martinelli, siguiendo las instrucciones del comandante "Didier", Ronny Rodríguez. A Didier (Rodríguez) y William Pittí, alias Guillermo, también agente del Consejo de Seguridad, le fueron imputados cargos por el presunto delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y ambos están prófugos de la justicia.

"Percibo con cierta angustia, el hecho que, debo aclarar que Martinelli por ser diputado del Parlacen no es competencia del Ministerio Público pero todas las investigaciones que surjan señalándolo directamente o lo mencionen con un grado de participación debe ser remitido a la Corte", afirmó la diputada Gómez.

Gómez sostuvo que hay suficientes hechos que llevan directamente a Martinelli y todo depende del criterio del magistrado fiscal, Oydén Ortega, designado por la Corte en el caso de la compra con sobrecostos de comida deshidratada por 45 millones de dólares a través del Programa de Ayuda Nacional.

La diputada independiente señaló que debe investigarse a quien le entregaron los equipos, si llegaron a su propiedad, si fue por orden de él [Martinelli] y si está bajo su custodia o decisión.

Habría que averiguar eso, y no hay nadie que detenga al magistrado fiscal Oydén Ortega para decidir si se debería hacer un allanamiento.

"Hay que determinar quién dio la orden y quién recibió los equipos cuando llegó a Monte Oscuro. Habría que agregar la apropiación indebida de un bien público".

Con el Sistema Penal Acusatorio que se aplica en la Corte Suprema de Justicia, el director de la orquesta es el fiscal magistrado, quien debe pedir al juez de garantías en base a los argumentos para que se decida si se admite o no la práctica de una diligencia.

"Evidentemente que la mayor parte de las decisiones se tomaron desde la Presidencia de la República", dijo Gómez refiriéndose a los escándalos surgidos en el gobierno anterior.

Gómez dijo que la investigación hay que cuidarla porque la ley del blindaje a los diputados, la limita. "El blindaje debe acabarse porque no se trata solo de los individuos sino de su propiedad."

Los equipos para interceptar las comunicaciones fueron adquiridos a través del Programa de Ayuda Nacional, por medio de un contrato Núm.45/2010 suscrito por el exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli, con la empresa israelí M.L.M. PROTECTION LTD., para el “Suministro de Equipo Tecnológico, servicio de instalación, entrenamiento y mantenimiento, por 13 millones 475 mil dólares.

Tras una auditoría, la Contraloría General determinó que existió el incumplimiento de los controles administrativos exigidos por la ley y que no se logró ubicar los equipos, pese a que fueron obtenidas sendas notas de “Recibido Conforme” y “Aceptación Final”, lo que podría ser indicio de una posible lesión patrimonial. El informe fue remitido al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas.