Varela: Desde hace dos años se señalaba a Moncada Luna

El presidente panameño, Juan Carlos Varela afirmó hoy que desde hace más de dos años en el Frente por la Democracia se señalaba al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, en el ojo de la tormenta por la adquisición de dos apartamentos por más de un millón de dólares.

El diario La Prensa divulgó en su edición del 30 de septiembre de 2014 que Moncada Luna, junto a su esposa, adquirió en menos de tres años y sin préstamos o acreedores, dos apartamentos en el exclusivo barrio de Coco del Mar, corregimiento de San Francisco, valorados ambos en un millón 724 mil dólares.

Según el rotativo, en solo dos semanas, Moncada Luna pagó al contado un millón 329 mil 200 dólares paa cancelar las deudas de los dos apartamentos.

Al respecto, el presidente Varela afirmó que le toca a Moncada Luna dar una explicación, pero en todo caso le llama la atención que el magistrado compre propiedades al contado y no como todos los ciudadanos que "que pagamos hipoteca".

El presidente Varela fue abordado sobre este y otros temas cuando acudió hoy a la inauguración oficial del Museo de la Biodiversidad, diseñado por el famoso arquitecto Frank Gehry.

Previamente, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, admitió que el salario de un magistrado de la Corte no alcanza para comprarse un apartamento por un millón 700 mil dólares.

Aguilera habla con propiedad por cuanto su madre, Mirtza Franceschi de Aguilera, fue magistrada por diez años en la Corte Suprema de Justicia, donde llegó a ser presidenta.

El ministro Aguilera recordó que su madre tenía un pequeño apartamento que compró a medias con su esposo en la ciudad de Panamá para que se hospedaran los cuatro hijos del matrimonio, y allí ella vivió como magistrada.

Luego, ella compró una casa con préstamos y cuando la terminó de pagar, la vendió para regresar a la provincia de Chiriquí.

Al retomar el caso del magistrado, el ministro Aguilera opina que cualquier funcionario que es acusado tiene derecho al debido proceso y a defender su honra y reputación dentro de las normas que existen de delitos contra el honor y que el Órgano Ejecutivo no puede intervenir en temas del Órgano Judicial.