Este viernes, se inicia traslado masivo de reos a la Nueva Joya
Las autoridades panameñas empezarán el próximo 26 de junio a trasladar presos, "de manera progresiva", hasta el gigantesco centro penitenciario de la Nueva Joya, para contribuir a solucionar así el "grave" problema de hacinamiento que hay en las prisiones del país, informó hoy una fuente oficial.
"No es fácil poblar este centro penitenciario, porque prácticamente estamos mudando a un pueblo entero", confesó el ministro de Gobierno, Milton Henríquez.
En total, se trasladarán a la Nueva Joya 5.000 reclusos que se encuentran repartidos en cárceles de todo el país. El proceso será "progresivo" y durará cerca de seis meses. Los primeros 120 reos se mudarán este viernes, confirmó el ministro durante una visita al centro.
La Nueva Joya, situada en el distrito de Pacora, 40 kilómetros al este de la capital panameña, es uno de los complejos penitenciarios más grandes de Latinoamérica con cerca de 40 hectáreas, 116 edificios y capacidad para 5.500 reclusos.
Fue construida durante la Administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por un costo de 160 millones de dólares, pero la inauguración y el traslado de presos se retrasó por problemas estructurales.
La viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, dijo que la gestión de esta megaprisión, que también se conoce como la Gran Joya, "supone un reto" para el Gobierno porque los organismos internacionales recomiendan que haya solo 500 presos por cárcel y este centro albergará a 5.500 personas.
"Si hubiese sido por esta Administración, no hubiésemos construido un edific"No es fácil poblar este centro penitenciario, porque prácticamente estamos mudando a un pueblo entero", confesó el ministro de Gobierno, Milton Henríquez.
En total, se trasladarán a la Nueva Joya 5.000 reclusos que se encuentran repartidos en cárceles de todo el país. El proceso será "progresivo" y durará cerca de seis meses. Los primeros 120 reos se mudarán este viernes, confirmó el ministro durante una visita al centro.
La Nueva Joya, situada en el distrito de Pacora, 40 kilómetros al este de la capital panameña, es uno de los complejos penitenciarios más grandes de Latinoamérica con cerca de 40 hectáreas, 116 edificios y capacidad para 5.500 reclusos.
Fue construida durante la Administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por un costo de 160 millones de dólares, pero la inauguración y el traslado de presos se retrasó por problemas estructurales.
La viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, dijo que la gestión de esta megaprisión, que también se conoce como la Gran Joya, "supone un reto" para el Gobierno porque los organismos internacionales recomiendan que haya solo 500 presos por cárcel y este centro albergará a 5.500 personas.
"Si hubiese sido por esta Administración, no hubiésemos construido un edificio tan grande", reconoció Romero.
Para operar el centro "de manera óptima" se necesitan 1.000 custodios pero, según explicó el ministro Henríquez, en todo el país no hay ni siquiera 800. Por eso, el Gobierno baraja la posibilidad de volver a subirle el sueldo a los custodios y hacer que la profesión sea más atractiva.
Hasta el 1 de julio de 2014, cuando el presidente Juan Carlos Varela tomó posesión, el salario de un funcionario de prisiones era de 400 dólares al mes. En la actualidad, ronda los 600 dólares mensuales.
El traslado de presos contribuirá, según el ministro, a reducir el "grave problema de hacinamiento" de las prisiones panameñas, que ha sido denunciado por infinidad de organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Después de Cuba y El Salvador, Panamá es el país con el mayor grado de hacinamiento del continente.
El 60 % de los 16.000 presos que hay en el país centroamericano se encuentran recluidos en dos cárceles de la capital, la Joya y la Joyita, a las que se les describe como la "antesala del infierno".
La Joyita, por ejemplo, que se encuentra casi pegada al nuevo centro penitenciario, tiene una capacidad para 2.837 personas y, en la actualidad, alberga a más de 5.200 presos.
Panamá es también el país el con mayor número de detenciones preventivas. De hecho, el 66 % de las personas privadas de libertad están en prisión provisional.
Según el ministro, el sistema penitenciario de hoy "no respeta los derechos humanos" y no fomenta la rehabilitación y la reinserción social de los reclusos, sino que hace que "aumenten sus conductas delictivas".
La cárceles "tienen que dejar de ser escuelas del crimen", recomendó la viceministra.
El director del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón, descartó que vayan a ser trasladados a la Nueva Joya exfuncionarios y exministros de la pasada Administración que se encuentran detenidos acusados de corrupción.
Para operar el centro "de manera óptima" se necesitan 1.000 custodios pero, según explicó el ministro Henríquez, en todo el país no hay ni siquiera 800. Por eso, el Gobierno baraja la posibilidad de volver a subirle el sueldo a los custodios y hacer que la profesión sea más atractiva.
Hasta el 1 de julio de 2014, cuando el presidente Juan Carlos Varela tomó posesión, el salario de un funcionario de prisiones era de 400 dólares al mes. En la actualidad, ronda los 600 dólares mensuales.
El traslado de presos contribuirá, según el ministro, a reducir el "grave problema de hacinamiento" de las prisiones panameñas, que ha sido denunciado por infinidad de organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Después de Cuba y El Salvador, Panamá es el país con el mayor grado de hacinamiento del continente.
El 60 % de los 16.000 presos que hay en el país centroamericano se encuentran recluidos en dos cárceles de la capital, la Joya y la Joyita, a las que se les describe como la "antesala del infierno".
La Joyita, por ejemplo, que se encuentra casi pegada al nuevo centro penitenciario, tiene una capacidad para 2.837 personas y, en la actualidad, alberga a más de 5.200 presos.
Panamá es también el país el con mayor número de detenciones preventivas. De hecho, el 66 % de las personas privadas de libertad están en prisión provisional.
Según el ministro, el sistema penitenciario de hoy "no respeta los derechos humanos" y no fomenta la rehabilitación y la reinserción social de los reclusos, sino que hace que "aumenten sus conductas delictivas".
La cárceles "tienen que dejar de ser escuelas del crimen", recomendó la viceministra.
El director del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón, descartó que vayan a ser trasladados a la Nueva Joya exfuncionarios y exministros de la pasada Administración que se encuentran detenidos acusados de corrupción.
