El verdadero alcance de la ley que sanciona la evasión fiscal

Bloque 1: Análisis tras la aprobación del proyecto de ley que penaliza la evasión fiscal

La recientemente sancionada ley que penaliza la evasión fiscal estuvo bajo el Radar este domingo. El debate se centró en cuál es el verdadero alcance de esta ley, y los posibles beneficios o desventajas para el país.

A favor

Aquellos a favor destacan que, además de facilitar investigaciones de delitos como blanqueo de capitales, tiene implicaciones sociales positivas, ya que promueve que se recolecten más tributos que puedan financiar programas y obras estatales.

Según la diputada Ana Matilde Gómez, lo que se pide es que “todo ese que está ganando plata y que se la lleva o la esconde o se inventa que no se la ha ganado, que sea parte del desarrollo que estamos buscando para que esa riqueza que le permite operar en Panamá llegue a las grandes mayorías.”

Por su parte, Raúl Gasteazoro, Secretario Técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, sostiene que la aprobación de esta ley evitó “un daño tangible y visible en el sector bancario si entramos en esa lista otra vez”, refiriéndose a lo ocurrido en 2014, cuando Panamá perdió 70 corresponsalías bancarias por estar en listas de no cumplimiento.

En contra

Quienes se oponen a la ley critican las circunstancias que llevaron a su aprobación.

El abogado Raúl Molina asegura que “desde 2004, con la honrosa excepción de Francisco Álvarez de Soto, las cancillerías han venido sometiéndose a estas presiones internacionales sin denunciar que estas listas discriminatorias son violatorias del derecho internacional público, como son las normas de la OMC.”

Otras de las principales objeciones a la penalización es que se podría utilizar con fines políticos para perseguir a opositores.

Sin embargo, el asesor jurídico del MEF, Javier Mitre, afirmó que desde 1956 “se ha contemplado la posibilidad de pena de prisión sin distinguir rangos de ingresos,” lo cual hacía una persecusión más viable que la ley actual. Además, resaltó que esta nueva penalización no entra en vigencia hasta el 2020, cuando se calculan los impuestos generados en 2019.

Las implicaciones

Los panelistas reconocieron que la nueva ley aplica a pocas personas, ya que requiere de un ingreso anual mayor de un millón de dólares que requiera pagar el mínimo de $300,000 en impuestos.

Sin embargo, un cambio que genera la penalización de la evasión fiscal es que abre las puertas para el intercambio de información con los países que lo requieran.

Mitre resaltó que esto también aplica a la inversa, ya que Panamá podrá solicitar esta información de otros países, por lo que existe un beneficio para el país.

Sin embargo, Molina criticó esta consencuencia de la ley, ya que considera que viola la privacidad tanto de panameños como extranjeros.

¿Y ahora qué?

Con respecto al futuro, Carlos Barsallo, del capítulo panameño de Transparencia Internacional, advierte que no basta con aprobar la ley, ya que se debe medir su efectividad a través de las sanciones que surjan a causa de ella. De lo contrario, Panamá podría ser considerada aún como no cooperadora con las recomendaciones de GAFI.

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