¿Qué candidatos electos tienen casos activos con la justicia?

Panamá/Algunos protegidos por el fuero penal electoral, otros con casos judiciales pendientes y algunos que lograron salir airosos de asuntos legales, son parte del cóctel de candidatos electos a diputados y de los gobiernos locales que escogieron los panameños, el pasado 5 de mayo

Se trata de figuras nuevas y caras ya conocidas de la política criolla. En la Asamblea Nacional, por ejemplo, los casos son variados. En la lista se encuentra Ricardo Martinelli Linares, diputado suplente de Tomás Gabriel Benavides en el circuito 9-2, Veraguas, quien tiene activos dos casos de alto perfil: Odebrecht y Blue Apple

Ambos temas están en manos de la Corte Suprema de Justicia, órgano que investiga a los diputados. Martinelli Linares salió electo por el partido Alianza, por lo que, a partir del 1 de julio, será parte de la bancada oficialista del Legislativo. Además, se reeligió como diputado suplente en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Su copartidario, Osman Gómez, electo como diputado principal de Alianza en el circuito 4-2 (Chiriquí), tiene cuentas pendientes con la Fiscalía Anticorrupción en Veraguas. En febrero pasado fue capturado en Paso Canoas, provincia de Chiriquí, por agentes del Servicio Nacional de Fronteras, tras ser acusado por la Fiscalía de peculado. Sin embargo, quedó en libertad al gozar de fuero penal electoral.

El fuero penal electoral no permite que candidatos y otras figuras sean investigados, detenidos, arrestados o procesados en materia penal, policial o administrativa, siempre que estas últimas involucren la imposición de una pena privativa de la libertad, sin que medie autorización expresa y previa de los juzgados administrativos electorales, salvo en caso de flagrante delito.

En 2017, Gómez fue aprehendido en la sede de la Policía Nacional de la ciudad de David, provincia de Chiriquí, por portar un arma de fuego sin permiso.

A la Asamblea también llegó Isaac Mosquera, diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista por el circuito 5-1, quien estuvo bajo investigación y detenido en relación con delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Esta investigación se dio en abril de 2011, cuando una operación de la Fiscalía de Drogas reveló una presunta red de narcotráfico vinculada a las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la cual utilizaba las instalaciones de la escuela de aviación Albrook Flight para transportar droga.

La Fiscalía de Drogas acusó a Mosquera de ser uno de los presuntos cabecillas de esa red criminal. Pero en enero de 2023, el juez primero liquidador adjunto, Fernando Basurto, exoneró a Mosquera de los cargos imputados por la fiscalía.

Recientemente, Mosquera anunció su respaldo a la bancada de Realizando Metas, pese a que su colectivo es aliado del Partido Revolucionario Democrático.

A finales de ese mismo año, la Corte archivó un proceso contra Cohen por la presunta comisión del delito de estafa. La Corte archivó el caso “por falta de prueba idónea”.

Algunos casos de los gobiernos locales

La lista también se extiende a los candidatos electos que controlarán las juntas comunales del país. Uno de los que mantiene un caso pendiente es el reelecto representante del corregimiento de Las Uvas, San Carlos, por el Partido Revolucionario Democrático, Arístides Vásquez.

El político tiene una condena por delito contra la administración pública. Antes de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo a favor de Vásquez, quien intentaba invalidar una condena de 40 meses de prisión por peculado culposo. Al político lo investigan luego de que un informe de auditoría revelara anomalías en el manejo de fondos hasta por la suma de $23,000 en la Junta Comunal.

El eterno edil del corregimiento de San Felipe, el reelecto perredista Mario Kennedy, tiene un caso de arrastre. En 2013 fue condenado a seis años de prisión, pero en el ínterin logró que, en 2019, se le redujera a ocho meses. Su condena fue por peculado en perjuicio de la junta comunal que maneja, tras malversación de al menos $441,592, de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República. En el caso de Kennedy, el fiscal electoral, Dilio Arcia dijo que no había problema en que participara de la contienda, pues antes de los comicios cumplía su pena.

En el Parlacen

Al foro regional denominado Parlamento Centroamericano (Parlacen) llegarían varios diputados con casos pendientes. Entre ellos, el expresidente Juan Carlos Varela, postulado por el Partido Panameñista, quien está imputado en el caso Odebrecht. También Luis Enrique Martinelli, quien no corrió con la suerte de ser diputado electo de la Asamblea Nacional, ya que su principal, José Muñoz, no logró la curul. Luis Enrique, como su hermano Ricardo, son investigados por el caso Odebrecht y por Blue Apple.

La exministra Alma Lorena Cortés también enfrenta una investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. Esta investigación se inició en 2016.

A estas figuras se suma el político y empresario David Ochy, quien es uno de los imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en la compra de la Editora Panamá América, caso New Business. Ochy fue capturado a finales del año pasado en Costa Rica. En ese proceso, su hermano Daniel Ochy y el expresidente Ricardo Martinelli ya fueron condenados.

También está el exministro Jaime Ford Castro. El pasado 29 de febrero, el fiscal anticorrupción Ariel De Gracia solicitó una sentencia condenatoria contra Ford Castro por la presunta comisión del delito de peculado a través de la ejecución del proyecto de diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera.