Linchamientos se propagan en Guatemala frente a un débil sistema judicial

Tres presuntos asaltantes fueron vapuleados y quemados vivos la noche del lunes por una turba enardecida en una aldea indígena al oeste de Guatemala, en el último episodio de una práctica cada vez más frecuente en este país: la justicia por propia mano.

Las víctimas y un cuarto hombre que logró sobrevivir, habían sido acusados de asaltar a un vendedor de tarjetas telefónicas por vecinos de Maquivel, una pequeña comunidad ubicada 145 km al oeste de ciudad Guatemala.

Para rescatar los cadáveres y al supuesto delincuente herido, un contingente de 50 policías ingresó a la comunidad, ejecutó el operativo y se retiró rápidamente a fin de no quedar atrapado por la turba.

El incidente volvió a poner de relieve la desesperación popular por la violencia, que deja unas 6.000 muertes cada año, y por la impunidad que genera una profunda desconfianza en los órganos encargados de impartir justicia.

"Hay que tener en consideración los altos niveles de impunidad en Guatemala. Eso hace que el guatemalteco ya no confíe en el sistema judicial", dijo a la AFP Mynor Alvarado, coordinador jurídico del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

- Impunidad, el detonante -

De acuerdo con estudios del GAM, al menos 310 personas han muerto linchadas en Guatemala en los últimos nueve años y los heridos por estos hechos sobrepasan el millar.

Alvarado indicó que el principal detonante de los linchamientos es la impunidad que prevalece en los ámbitos penal, civil y laboral.

Según un informe de la Cicig, una comisión de la ONU que apoya el proceso de depuración del sistema de justicia guatemalteco, la impunidad en los casos de homicidio ronda el 90%, un porcentaje que se repite en relación a delitos como extorsión y secuestro.

"Eso hace efectivamente que el ciudadano guatemalteco esté desplazándose a acciones de esta naturaleza (linchamientos) y ya no acudiendo a los órganos competentes", apuntó el activista.

La justicia por mano propia no ha sido aplicada solo contra los delincuentes comunes, sino que ha alcanzado también a los políticos.

En octubre de 2015, una multitud iracunda linchó y quemó dentro de su vivienda a Basilio Juracán, alcalde del municipio de Concepción, del departamento indígena de Sololá, por supuestamente haber atacado a tiros a un rival político.

El edil había sido señalado como responsable del atentado cometido horas antes contra el candidato rival a la alcaldía, Lorenzo Sequec, quien solo resultó herido en una emboscada, pero en la que murieron su hija y una sobrina adolescentes.

"Muchas veces la población tiene en el imaginario que no hay justicia y por lo tanto está cansada", señaló a la AFP Giovani Guzmán, subdirector de la unidad de Mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

- Prevención -

El informe del GAM destaca que los linchamientos no son exclusivos de zonas pobres y "con menos presencia del Estado", sino que las áreas urbanas están "a un chispazo" de la justicia por mano propia.

Una de las soluciones, sugirió Guzmán, es que las autoridades y fuerzas de seguridad generen mecanismos de diálogo en las poblaciones para evitar el castigo popular, debido a que las personas que lo propician incurren en delitos.

"Esto es un compromiso de todos y a todo nivel para trabajar el tema preventivo", apuntó el representante de la oficina del ómbudsman.

Guatemala vive una ola de violencia generada principalmente por la lucha entre cárteles de las drogas y la operación de las temibles pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

Estimaciones oficiales señalan que la mitad de las 16 muertes violentas diarias están asociadas a ambos grupos del crimen organizado.