Casos de corrupción en medio del COVID-19, ¿Qué ha pasado con las investigaciones en el Ministerio Público?

Solo una de las denuncias penales contra el actual gobierno, está pendiente de resultado mientras que las otras tres se dieron por concluidas en la esfera administrativa y con una sanción de 50 mil dólares.

Fuentes oficiales del Ministerio Público informaron que en la investigación iniciada de oficio por el proceso de contratación para el Hospital Modular de Albrook, aún se encuentra en fase preliminar.

Es decir que se están realizando diligencias judiciales, como parte de la fase previa de investigación, y hasta el momento no hay personas investigadas (o imputadas) por estos hechos.

Mientras que el procurador de la Administración, Rigoberto González, ordenó el archivo de dos denuncias interpuestas por Ernesto Cedeño y Cristian Ábrego por presuntas irregularidades en la construcción del Hospital Modular.

Cedeño pidió que se investigara al Ministerio de Obras Públicas por el supuesto rechazo de una donación de un hospital Modular que pretendía hacer una empresa china. En tanto, Ábrego solicitó investigar el presunto uso de materiales de segunda en el Hospital Panamá Solidario, cuyo costo fue de $6.9 millones.

González descartó la supuesta donación y el uso de materiales de segunda en el hospital modular, por lo que decidió archivar ambas denuncias el 31 de agosto pasado.

Y finalmente, la denuncia interpuesta por la reunión que llevaron a cabo en Parrillada Jimmy, dirigentes del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), junto a diputados de ese colectivo y la ministra de Trabajo Doris Zapata, quedó en una multa económica.

No hubo investigación penal del Ministerio Público, porque se trataba de una falta administrativa debido a que se reunieron el 18 de junio de este año en horas de la noche. El encuentro de los dirigentes del PRD se dió en un salón del restaurante Parrillada Jimmy, momentos en que había cuarentena total en el país por la pandemia del COVID-19.

El Ministerio de Salud impuso una multa de 50 mil al partido político, pero no a los asistentes a la reunión.