Futuro suspendido: 500 días de clases perdidas en seis años

Ciudad de Panamá, Panamá/Comenzó el segundo trimestre escolar del año, marcado por un paro docente que se ha extendido por ya más de dos meses. La huelga responde a la oposición de varios gremios de educadores a la reciente reforma de la ley orgánica de la Caja de Seguro Social.

Por su lado, el presidente José Raúl Mulino ha reiterado que no tiene intención de aprobar una modificación a dicha norma, por lo que la situación se encuentra en un impasse.

A pesar de los intentos del Ministerio de Educación (Meduca) por establecer un diálogo, garantizar el retorno sin represalias y preservar los puestos de trabajo, la falta de avances ha llevado a un ultimátum: se reemplazará a los docentes que no retomen sus funciones.

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Dudas

Uno de los principales puntos de confusión es la falta de información clara sobre la cantidad de docentes que participan en el paro, el número de escuelas que continúan operando y la cifra de estudiantes afectados. Esta ausencia de datos impide comprender con exactitud la magnitud de la situación.

En la práctica, hay escuelas que han mantenido sus actividades con normalidad, otras donde solo algunos docentes han faltado y otras que no han podido funcionar debido a la ausencia total de personal, especialmente en zonas de difícil acceso.

En algunos de estos casos, maestros jubilados o retirados han asumido temporalmente la labor docente para mitigar el impacto.

Cifras

El contralor general de la República, Anel Flores, informó originalmente que suspendió el pago a 17 mil docentes, para luego adelantar que el número subiría a 30 mil. El contralor aclaró que no todas las suspensiones eran por ausencias, sino que también había casos de irregularidades en los expedientes.

Esta semana, Flores informó que el número de docentes que tienen sus salarios suspendidos se quedará en alrededor de 17 mil, a la par que se ha restablecido el pago a unos 3,500 educadores tras comprobarse que sí estaban cumpliendo con sus labores.

Sobre la diferencia entre el número anunciado y la cantidad presente, la entidad reconoció errores en la suspensión de pagos y aseguró que están siendo corregidos, aunque también indicó que, en algunos casos, directores de escuelas estaban reportando datos falsos.

Flores también dio a conocer que hay cerca de 30 mil docentes disponibles para reemplazar a los que no se presenten a dar clases, incluyendo 22 mil educadores pendientes de nombramiento y 10 mil jubilados dispuestos a reincorporarse.

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Docentes

La posición oficial de los gremios de docentes es que la huelga se mantiene, ya que su objetivo principal es la derogación de la ley que reforma la Caja de Seguro Social, a pesar de que las condiciones políticas para lograrlo parecen cada vez más lejanas.

Reportajes recientes indican que algunas de las escuelas más afectadas por la paralización se encontrarían en zonas con importantes rezagos educativos. Adicionalmente, se reporta que el norte y este del área metropolitana estarían siendo particularmente afectados.

Según la planilla más reciente del Meduca, hay un total de 52 mil docentes contratados, aunque no todos imparten clases en los niveles de primaria y secundaria. Con base en estos números, se puede calcular que entre el 25% y el 35% de los educadores del Meduca están participando de la huelga.

Impacto

Un estudio reciente de Jóvenes Unidos por la Educación reveló que los estudiantes en Panamá han enfrentado interrupciones en su proceso educativo durante seis años consecutivos, impactando sus posibilidades de mejorar su situación socioeconómica, acceder a empleos bien remunerados y contribuir a la productividad del país.

Entre 2020 y 2025, el país ha perdido más de 500 días de clases debido a la pandemia, protestas masivas y conflictos institucionales, golpeando significativamente a una parte importante del estudiantado.

Cabe recordar que, durante la pandemia del COVID-19, Panamá fue el país que más tiempo mantuvo las escuelas cerradas en todo el mundo, y las suspensiones posteriores han agravado ese impacto.

Además, la pérdida de días de clase no refleja directamente la pérdida equivalente en aprendizaje, ya que el proceso educativo requiere de constancia y continuidad. No solo eso: para recuperar lo perdido, se necesitan más días de clases adicionales.

Por ejemplo, el estudio señala que los estudiantes que se encontraban en séptimo grado en 2020 perdieron el equivalente a dos años y medio de educación en el periodo analizado.

En el caso del paro actual, según los hallazgos del estudio, un cierre de dos meses puede traducirse en al menos cuatro meses de pérdida educativa, comprometiendo la efectividad del año escolar corriente para los estudiantes afectados.

Tales interrupciones tendrían un impacto negativo en su calidad de vida futura, con el estudio calculando una reducción de 25% en los ingresos de los estudiantes afectados a lo largo de su vida laboral.

El estudio también calcula que la pérdida en productividad por estos cierres asciende a aproximadamente mil millones de dólares al año durante el periodo bajo análisis.

Informalidad

El informe de Jóvenes Unidos por la Educación también revela una correlación significativa entre la pérdida de días de clases y el aumento del empleo informal entre jóvenes.

Se calcula que para 2025 habrá más de un cuarto de millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, un incremento considerable respecto a 2019.

Y el estudio también nota que la tasa de informalidad laboral juvenil es de 60%, cifra ocho puntos porcentuales más alta que antes de la pandemia.

Tal informalidad impacta negativamente los esfuerzos por desarrollar la equidad de género en el acceso a oportunidades: en 2023, la mayoría de los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban eran mujeres, representando un tercio de las jóvenes.

Retos

Panamá enfrenta un doble desafío en materia educativa. No sólo debe corregir su rezago en comparación con otros países, sino que también debe preparar a sus jóvenes para un entorno laboral transformado por la Cuarta Revolución Industrial, la cual estará desplazando rápidamente muchos de los empleos existentes.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, alrededor de 60% de los empleos en Panamá son susceptibles al reemplazo por procesos automatizados e inteligencia artificial.

Esto quiere decir que gran parte de los estudiantes actuales están siendo formados para ocupaciones que pronto dejarán de existir.

Adicionalmente, pruebas internacionales como aquellas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) han mostrado consistentemente que el país se encuentra rezagado frente a otras naciones contra las que debe competir.

Mientras las economías más avanzadas obtienen resultados cercanos a los 475 puntos en lectura, matemáticas y ciencias, Panamá no supera los 400 puntos, con un desempeño especialmente bajo en matemáticas, donde se aproxima a los 350 puntos.

Además, en esos países, cerca del 70% de los estudiantes alcanzan competencias básicas en matemáticas, mientras que en Panamá la cifra está por debajo del 20%.

Cabe recordar que, durante la última década, los docentes del sector público han recibido varios aumentos salariales, pero estos no han venido acompañados de evaluaciones obligatorias ni de mejoras en la calidad educativa.

De hecho, los resultados de las pruebas PISA se han mantenido relativamente estancados en ese mismo periodo, lo que evidencia una falta de progreso en la capacidad de enseñanza.

Y encima de todo, existe un marcado déficit en el aprendizaje del inglés, idioma clave para acceder a empleos dentro de la mayor parte de la estructura productiva nacional.

De acuerdo con empresas reclutadoras, alrededor de la mitad de las vacantes disponibles no pueden ser ocupadas debido a la falta de competencias de los aspirantes, incluyendo el dominio del inglés.

Reforma

Especialistas señalan que una parte clave del problema radica en el marco legal educativo, vigente desde 1946. Aunque la ley educativa fue modificada sustancialmente en 1995, preservó de su texto anterior una estructura altamente centralizada, limitada para la implementación de nuevos currículos y métodos más flexibles de enseñanza.

Sin embargo, toda esta situación representa una oportunidad significativa. El sistema educativo panameño atiende a cerca de un millón de estudiantes, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte de la población. Por esto, invertir de manera urgente en educación no sólo ayudaría a subsanar deficiencias del sistema, sino que también impulsaría a mediano plazo el desarrollo de una sección importante del país.

Una posible solución consiste en implementar las mismas tecnologías que están generando disrupciones, como la inteligencia artificial (IA), para mejorar los procesos educativos.

Tal IA podría ayudar a adaptar el contenido educativo al nivel de cada estudiante. Esto abriría las puertas a la posibilidad de currículos de auto-aprendizaje, los cuales facilitarían el progreso estudiantil de forma autónoma, más allá del modelo tradicional centrado en el docente como transmisor principal del conocimiento.

Estudios realizados en la Universidad de Newcastle por investigadores como Sugata Mitra y Pauline Dixon, quien vino a Panamá en 2012 a presentar su metodología, sugieren la viabilidad de tal método, pero se requerirá de una voluntad política firme para transformar un sistema educativo cuyo marco normativo data de mediados del siglo pasado.