Arrendatarios tendrán que probar su insolvencia con modificación al decreto que prohíbe los desalojos

Cientos de arrendadores aseguran estar gravemente afectados por las disposiciones del Decreto Ejecutivo No. 145, de 1 de mayo de 2020, que prohíbe los desalojos a aquellas personas que están afectadas económicamente a causa de la pandemia.

Con el objetivo de evitar que miles de personas quedaran sin un techo, el gobierno de Laurentino Cortizo dispuso de esta condición haciendo un llamado a los dueños de cuartos, casas y apartamentos a ser solidarios con esas personas en el difícil momento económico y sanitario que vivía el país.

Sin embargo, a tres meses de haberse levantado algunas restricciones, muchos arrendadores manifiestan que de esa solidaridad de la que habló el gobierno, hay quienes se están aprovechando, pues están teniendo ingresos, pero no cumplen con el pago de la cuota de alquiler, ni siquiera quieren cumplir con el acuerdo de arreglo de pago y otros no lo firman.

Livia López es una de las tantas arrendadoras afectadas por los ‘vacíos’ que tiene el decreto y que los pone en una situación de vulnerabilidad, pues como cuentan, parece que han perdido los derechos sobre sus inmuebles, inmuebles que muchas veces es el único sustento de quienes viven de la renta.

López arrienda un apartamento en el Cangrejo, otro en Betania y uno más en Bella Vista, en ellos habitaban panameños y extranjeros de diferentes nacionalidades quienes hace poco abandonaron los cuartos y se marcharon sin cancelar la deuda que acumularon por 8 meses, ahora es ella quien tendrá que hacerles frente a estas cuentas en el banco.

Comentó que los inquilinos se negaron a firmar los acuerdos de arreglo de pago que se registraba en el Ministerio de Viviendas y Ordenamiento Territorial (Miviot), al igual que lo hicieron cuando ella les solicitó que abandonaran el inmueble.

“Un día anochecieron, pero no amanecieron”, señaló López, al mismo tiempo que aseguraba estar en una muy mala situación económica, “el gobierno nos obligó a darles vivienda, a que utilizaran mi propiedad que es mi única fuente de ingreso y el Estado ahora se limpia las manos”, sostuvo.

Al igual que otros arrendadores, López dice sentirse abandonada por el Estado, luego de que ellos accedieran al llamado de solidaridad que se les hizo hace 8 meses, sin embargo, no siente que con ellos estén siendo solidarios.

“El presidente Nito Cortizo nos hizo un daño colateral porque evitó que la gente saliera de nuestras propiedades para no tener gente en la calle, nos obligaron con ese decreto nefasto que solo protegió a gente despiadada e inconsciente que no abonó nada, pero sí utilizaba sus recursos para libar licor con sus compañeros de piso”, expresó.

Recalcó que en enero debe realizar pagos de la hipoteca del apartamento y a los dueños de dos de los apartamentos que subarrienda, pero no cuenta con ahorros para hacerlo, resaltó que básicamente está en la quiebra.

La deuda del arrendamiento de estos inmuebles asciende a los 16 mil 260 dólares, ella espera que el gobierno establezca medias severas para obligar a los juega vivo a pagar las cuotas de los meses que deben y así garantizar que ellos puedan recuperar sus fondos y no perder sus inmuebles.

El gobierno busca una solución y poner en balanza la situación

Si bien es cierto, el decreto que prohíbe los lanzamientos ha sido de gran beneficio para quienes realmente perdieron sus ingresos por la pandemia y evitó la proliferación de personas en situación de calle, también es cierto que algunas personas se han aprovechado del decreto para evadir sus obligaciones de pago aun cuando continúan laborando de forma habitual.

Por parte del Miviot se analiza la situación y confirman que hay arrendatarios que están jugando vivo escudándose en el decreto para no pagar aun cuando tienen ingresos, pero también se han encontrado casos en los que los arrendadores no aceptan que se les pague menos de acuerdo a los ingresos de las personas y que incluso han hecho desalojos violando la norma.

El viceministro José Batista González, dijo que en la Dirección de Arrendamiento y en el despacho superior se atienden reclamos tanto de arrendatarios como arrendadores, y lo que buscan como gobierno es un equilibrio para que haya justicia para ambas partes.

Adelantó que se está trabajando en una modificación al decreto que regula los desalojos durante la pandemia, donde se establece que, a partir de su sanción, que debe ser a medidos de enero, todo arrendatario que no demuestre su insolvencia podrá ser desalojado.

“Nos hemos encontrado con personas que desde antes de la pandemia no pagaban y se aprovecharon del decreto para no seguir pagando, o sea que no es por el decreto que las personas son mala paga”, indicó.

Pero también recordó un caso donde un arrendador quiere desalojar a una familia, donde actualmente solo está una persona trabajando que ha demostrado que con su salario no puede pagar el costo total del arriendo por lo que trató de llegar a un acuerdo para pagar la mitad, pero el arrendador se niega.

Sostuvo que de igual forma hay personas que en su momento perdieron sus trabajos, pero ya están generando ingresos de formalmente o informalmente y no están siendo justos con los arrendadores que en algunos casos solo dependen del pago de sus inmuebles.

Aprovechó para sugerirle a las personas que se dedican al alquiler de inmuebles que registren los contratos en el Miviot, ya que en medio de la situación se han encontrado con muchos que no lo hacen y han tenido que buscar mecanismos para regularizarlos como fue el no pago del depósito requerido.

¿Quién debe pagar los servicios básicos?

Ante el dilema de muchos arrendadores que no solo tendrán que hacerles frente a las mensualidades no pagadas por los arrendatarios, sino que estos se han marchado dejando una cuantiosa deuda en servicios de electricidad y agua, Batista indicó que es una irregularidad que en los alquileres se incluya la energía eléctrica, por lo que reiteró que es importante hacer los contratos y que el arrendatario saque su medidor.

“Cada persona debe sacar su medidor porque esa deuda es personal, no hay ninguna justificación para que digan que se fueron sin pagar la luz, eso no debe estar a nombre del arrendador. A diferencia del agua porque con el Idaan la deuda es de la finca”, sostuvo.

¿Qué hacer si alguna de las partes se niega a firmar el acuerdo de pago?

El segundo al mando del Miviot, indicó que, en este caso, la persona interesada debe acercarse a las oficinas del ministerio para emitir una citación y de esta forma mediar entre las partes, si la persona se niega esto sería una causal de desalojo.

En cuanto a quienes firmaron el acuerdo, pero no lo cumplen, Batista dijo que se sigue analizando la situación pues, como se desconoce lo que pasará con la pandemia en los próximos meses, se está dando un seguimiento a todos los procesos y haciendo los ajustes necesarios, pero todo depende de la evolución de la pandemia.

“Hay muchas personas que piensan que van a ser reactivadas en enero y pueden empezar a pagar en febrero, pero ahora tenemos una situación de que podríamos estar confinados para mediados de enero y esa persona que pensó reactivarse ya no podrá”, manifestó Batista.

¿Indemnización a arrendadores?

Batista fue tajante en decir que no se contempla indemnizar a los arrendadores bajo ninguna circunstancia e indicó que en el caso de que los inquilinos se marchen y dejen daños a la infraestructura del inmueble, el arrendador está en todo el derecho de interponer una denuncia para que sea perseguido por la justicia hasta resarcir los daños.

“Si el gobierno dijera eso (indemnizar) lo que estaríamos promoviendo son acciones como esas El mensaje que hay que enviarles a los arrendatarios que destruyeron oficinas, locales, y apartamento es que tienen que pagar. En ninguna parte del decreto dice que se condona la deuda, eso solo lo puede hacer el arrendador”, expresó.

Batista concluyó diciendo que el Estado no puede promover que va a pagar las deudas de las personas y mucho menos daños, además de que se podrían dar los casos en que los mismos propietarios no cuidan sus bienes porque el Estado se lo pagará.

Los arrendadores quedan sujetos a lo que pase en los próximos días con la evolución de la pandemia en el país, debido a que un nuevo confinamiento podría frenar los planes de modificar el Decreto Ejecutivo No. 145, en busca de soluciones balanceadas para todos. Mientras que los arrendatarios tendrán que demostrar que no están percibiendo ingresos.

Son decenas de historias de arrendadores que están prácticamente en la quiebra y con el temor de tener que hacerle frente a la deuda financiera que acumulan por más seis meses, además del pago de servicios básicos y sin una solución concreta por parte del gobierno.