Brasil anuncia un plan de austeridad para capear la crisis

Brasil anunció este lunes un nuevo plan de austeridad para intentar capear la crisis económica pero que arriesga aumentar la ira de la población contra la debilitada presidenta Dilma Rousseff.

Sumergida en una recesión, la séptima economía global "cortará la carne" del gasto estatal, como dijo el ministro de Hacienda Joaquim Levy, para evitar que grandes agencias de calificación sigan el camino de Standard and Poor's y rebajen la nota de la deuda soberana de Brasil a la categoría "especulativa".

El plan consiste en postergar ajustes salariales y contrataciones del sector público, eliminar 10 de los 39 ministerios, reducir mil empleos estatales y podar gastos en construcción de infraestructura.

También contempla recortes quirúrgicos en el sensible terreno de los programas sociales en vivienda y salud, la marca de fuego del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda, en el poder hace 12 años) y uno de los pilares del boom brasileño que sacó a 40 millones de personas de la pobreza.

¿La meta? Pasar del actual déficit fiscal primario de 0.5% del PIB para 2016 que le hizo perder el sello de buen pagador a lograr un superávit de 0.7%, lo que implica conseguir 17.030 millones de dólares más de los previstos inicialmente.

"Un valor total de 64.900 millones (17.030 millones de dólares). Ese es el valor total de las iniciativas" de corte de gasto y de aumento de recaudación, dijo el ministro de Planificación, Nelson Barbosa, al anunciar las medidas en una rueda de prensa.

"Son reducciones importantes, que involucran a los funcionarios públicos de manera significativa, el funcionamiento de la máquina" del Estado, precisó por su lado Levy.

Pese a que Rousseff ya había ordenado cortar 21.600 millones de dólares del presupuesto de este año, el panorama es oscuro.

El propio Gobierno espera una contracción del PIB de 1.8% en 2015, según la última cifra actualizada este lunes, mientras el mercado es menos optimista: prevé una caída del PIB de 2.55% y que la recesión se arrastre durante todo el 2016.

La crisis golpea en todos los frentes y derrumbó a un dígito la popularidad de la sucesora del presidente Luiz Inacio Lula da Silva apenas siete meses después de haber iniciado su segundo mandato.

Acorralada por la recesión, el desempleo y la inflación crecientes, así como por las sospechas de corrupción que salpican a su partido y a su Gobierno por un festival de fraudes en la estatal Petrobras, Rousseff redujo progresivamente la meta de déficit fiscal hasta que este mes presentó al Congreso un presupuesto en rojo.

Fue la gota que colmó el vaso para los mercados, que le retiraron la confianza. S&P quitó a Brasil el título de buen pagador, y el gobierno teme que otras dos grandes agencias, Moody's y Fitch, sigan su camino.

Una espada de Damocles

En algo menos de un lustro, el país perdió la estrella que hizo que el mundo desarrollado lo mirara con fruición en 2010, cuando su economía creció 7.5% y se preparaba para ser sede del Mundial de fútbol 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016, que se harán en la postal más famosa del país: Rio de Janeiro.

Pero el modelo basado en un consumo interno acelerado se fue agotando en simultáneo con la caída a tierra de los precios de las materias primas y la desaceleración de China, y la actividad se frenó. En los últimos cuatro años y medio, el país apenas creció.

Acusada por sus críticos de haber perdido el rumbo, la mandataria tiene una espada de Damocles sobre su cabeza: la amenaza de un juicio político que pueda urdirse en el Congreso, donde sus socios la han ido abandonando.

Hoy en día, en las calles de Brasil se discute un eventual impeachment contra esta economista y exguerrillera de 67 años en cualquier conversación política.

Pero el camino hasta llegar a esta potencial situación es muy complejo: primero se debe constatar algún tipo de delito o improbidad, que no ha ocurrido, y luego la destitución debe ser aprobada por una mayoría especial de dos tercios de la Cámara de Diputados, que tiene 513 integrantes. También debe pasar por un proceso especial en el Senado.