Acusan a gobierno de Guatemala de criminalizar protestas

Una decena de grupos humanitarios guatemaltecos criticaron este lunes al gobierno del presidente Otto Pérez por la criminalización de las protestas contra proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales.

"La violencia y el cierre de espacios es la respuesta del gobierno de Otto Pérez para proteger intereses personales y empresariales", afirma en un comunicado la denominada Convergencia por los Derechos Humanos.

La agrupación considera que las comunidades indígenas son las más afectadas porque "reciben como respuesta actitudes racistas y represoras" por parte de funcionarios públicos y empresas.

Según Convergencia, en los últimos tres años han sido asesinadas en el curso de protestas ocho personas, incluidos dos líderes comunitarios, mientras que otras 30 han sido demandadas por su oposición a los proyectos.

La actividad minera y las plantas hidroeléctricas son rechazadas por grupos ambientalistas, campesinos e indígenas por considerarlas una amenaza al medio ambiente.

Convergencia destacó la situación que viven las comunidades mayas Q’anjob’al y Chuj, así como la mestiza, en tres municipios del departamentos de Huehuetenango, fronterizo con México, que definió como una zona acosada por la construcción de una carretera, tres hidroeléctricas y la posible extracción minera por parte de empresas mexicanas.

Pese a que las comunidades rechazaron en consultas la construcción de las hidroeléctricas, "las empresas continúan trabajando", lamenta el movimiento.

Además, las compañías cuentan con protección policial, hay presencia militar en la zona y en mayo de 2012 el gobierno decretó estado de excepción ante las protestas contra las hidroeléctricas.

Ante ello, Convergencia pide al gobierno de Pérez detener los permisos de funcionamiento de las empresas hidroeléctricas e inicie un diálogo con las comunidades y empresarios.

Entre las organizaciones que firman el pronunciamiento figuran el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS); el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH); rl Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.