Colombia responde con cifras a Human Rights Watch

Colombia responde con cifras a Human Rights Watch
Colombia responde con cifras a Human Rights Watch
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05 de marzo 2015 - 13:12

BOGOTA, Colombia (AP) — El gobierno colombiano respondió con cifras al informe de la víspera de Human Rights Watch sobre la continuidad de homicidios por desmembramiento en el principal puerto colombiano sobre el Pacífico.

Según el Ministerio de Defensa, Juan Carlos Pinzón,desde el 1 de enero hasta el 2 de marzo en el puerto de Buenaventura ha habido 11 casos de homicidio, pero ninguno por descuartizamiento. La cifra de muertes violentas en los primeros 61 días del año se redujo en 77% respecto del mismo período del año anterior.

La organización de derechos humanos HRW presentó su informe y aseguró que grupos de narcoparamilitares se dedican a secuestrar, asesinar y descuartizar a residentes en Buenaventura, a pesar de las medidas anunciadas hace un año por el gobierno para reducir la violencia.

La organización defensora de derechos humanos destacó en su informe que, a pesar de que las medidas ordenadas por las autoridades contribuyeron a reducir la violencia, el "brutal control que ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto".

El comunicado del ministerio de Defensa divulgado el miércoles por la noche afirmó que la reducción en las cifras de homicidios se debe a los esfuerzos de la policía en Buenaventura y afirmó que en febrero de 2014 comenzó una intervención con grupos especiales y el apoyo de la Fiscalía General para reducir los índices de criminalidad, generados en buena parte por la banda delincuencial 'La Empresa' y la atomización del llamado 'clan Úsuga''', ambas organizaciones narcoparamilitares.

HRW indicó que desde entonces los restos descuartizados de 16 personas han sido encontrados en la ciudad, al menos 12 de las cuales parecen haber sido asesinadas después de que el gobierno anunció su intervención sobre el puerto ubicado a 350 kilómetros al suroeste de Bogotá.

Hace un año HRW, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo denunciaron que en Buenaventura había tomado fuerza la práctica del homicidio por desmembramiento en el marco de la guerra entre grupo ilegales por el control del narcotráfico.

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