Declaran ilegal la huelga de maestros en Lima

La huelga de maestros que se desarrolla a nivel nacional en Perú fue declarada hoy ilegal para la jurisdicción de Lima por sus autoridades regionales, horas antes de que la ministra de Educación, Marilú Martens, se reúna con una delegación de representantes del profesorado.

La ilegalidad de huelga en la capital del país fue aprobada por la directora regional de educación de Lima Metropolitana, Killa Miranda, en una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

El Ministerio de Educación publicó hoy la lista de interlocutores entregada por el Comité Nacional de Lucha Nacional de las Bases Regionales del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) para la reunión de esta tarde.

La lista está encabezada por el presidente del comité, Pedro Castillo, acusado este jueves por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, de formar parte de una organización vinculada al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado el organismo político del grupo armado Sendero Luminoso.

Aunque Castillo ha rechazado y negado las aseveraciones del ministro, el Ministerio de Educación se reservó el derecho a modificar la lista en función de las consideraciones que les remita el Ministerio del Interior, cuyo titular aseguró que el Gobierno no conversará con personas afines a Sendero Luminoso.

El Ministerio de Educación reafirmó su predisposición de diálogo con los representantes de los docentes por el bienestar de los estudiantes peruanos.

Entre los principales reclamos de los maestros peruanos está elevar su sueldo, pues su salario mínimo actual es de entre 1.200 y 1.300 soles (entre 370 y 400 dólares), lo que no alcanza para pagar la educación de sus hijos ni garantizar su atención en salud.

La exigencia de huelguistas es que el salario mínimo se eleve progresivamente hasta llegar a los cerca de 4.000 soles (1.233 dólares) en el año 2021, pues argumentan que el próximo año se incrementarán sus horas lectivas, de 24 o 30 por semana.

También exigen que el Gobierno eleve su inversión en educación hasta alcanzar el 6 % del productor interior bruto (PIB) en el año 2021, año en el que se celebrará el bicentenario de la independencia del país.