Destapan la olla de torturas sexuales en Chile
Cuatro mujeres que dicen que fueron víctimas de violaciones y un sinfín de vejaciones sexuales como prisioneras políticas tras el golpe militar presentaron una denuncia que busca destapar una olla de aberraciones poco conocidas como consecuencia de décadas de temor, vergüenza y un presunto pacto de silencio entre los militares.
Las querellas fueron iniciadas en mayo y esta semana las mujeres rindieron su testimonio ante el juez Mario Carroza. Las mujeres pudieron presentar su denuncia y rendir sus testimonios pese a que las violaciones ocurrieron décadas atrás porque Chile suscribió un acuerdo internacional de derechos humanos que impide que estos delitos prescriban al elevarlos a la categoría de crímenes de lesa humanidad.
"Exigimos que el gobierno chileno, que las autoridades, el Estado, tiene que cambiar las leyes, tiene que aceptar que existen estas torturas (sexuales)", dijo Nieves Ayress a The Associated Press, una de las querellantes, que en 1974 fue detenida a sus 25 años por ser militante socialista, junto con su padre y su hermano. Fue liberada en 1976 y obligada a exiliarse.
Ayress declaró el lunes ante el juez Carroza. Tiene 66 años, es educadora y activista comunitaria y vive en Nueva York. Al día siguiente, fue sometida a un extenso peritaje psiquiátrico y sicológico para establecer las huellas psíquicas de la violencia política sexual.
Más tarde, médicos del Servicio Médico Legal examinaron si hay huellas físicas que hayan dejado las violaciones sexuales aunque no exista evidencia clave como rastros de ADN.
Las mujeres alegan que la tortura sexual tiene un componente de género, que las maltrataban más por ser mujeres y les decían "perras", anulando su calidad de ser humano, de "maracas" (prostitutas), denigrándolas, y las violaban reiteradamente hombres y animales, introduciéndoles además objetos en la vagina y el ano, lo que convierte estas acciones en violencia política sexual.
Agregó que sus captores la amarraban desnuda junto a su padre y su hermano, quien por entonces tenía 15 años, y le decían que su padre la violaría.
El padre y el hermano de Ayress salieron libres y partieron al exilio unos seis meses antes que ella. La madre se quedó en Chile hasta que ella fue expulsada del país y ambas se fueron también a Italia.
Las otras tres querellantes, Carmen Holzapfel, Soledad Castillo y Nora Brito Cortez, también relataron al juez las torturas sexuales durante sus detenciones.
La demanda incluía inicialmente a varios hombres que presuntamente fueron violados, quienes luego desistieron de seguir adelante con el caso.
"A los hombres se les hace más difícil todavía reconocer la condición de violados en los procesos de tortura", dijo Cristián Castillo, dirigente del Campo Por la Paz Villa Grimaldi, organización defensora de los derechos humanos que funciona en el que fuera uno de los más terroríficos centros de tortura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Castillo afirmó que no le "cabe la menor duda de que podrían aparecer nuevos casos de torturadores y violadores con las declaraciones de compañeras que específicamente denuncian este delito de lesa humanidad como es la violación sexual".
La dictadura del general Pinochet dejó un saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos presos políticos, torturados y 3.095 muertos. Cerca de 70 uniformados y un puñado de civiles cumple condenas de cárcel en un penal especial.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile, que recogió los testimonios de miles de torturados durante la dictadura, dijo que casi todas las 3.399 mujeres entrevistadas dijeron haber sido víctimas de tortura sexual. Más de 300 dijeron que fueron violadas durante su detención.
Recién en 1993 los organismos internacionales comenzaron a clasificar las violaciones cometidas durante un conflicto interno como crímenes de lesa humanidad. Esa figura legal fue adoptada durante juicios relacionados con lo ocurrido en Yugoslavia llevados a cabo en el Tribunal Penal Internacional.
