Junta militar birmana 'comete probablemente crímenes contra la Humanidad' dice experto de la ONU

Rangún/La junta militar birmana está cometiendo "probablemente crímenes contra la Humanidad", denunció este jueves un experto de la ONU, en una jornada en la que la represión en el país asiático se cobró nueve víctimas mortales.

"Crece la evidencia de que la junta militar (...) comete probablemente crímenes contra la Humanidad, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, persecución, tortura y encarcelamientos", declaró el experto, Thomas Andrews, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Examinen los hechos" imploró el experto independiente, al que la ONU le encargó monitorear la situación de los derechos fundamentales en Birmania.

Andrews recordó ante el Consejo los requisitos para que unos hechos sean considerados crímenes contra la Humanidad.

"Que sean cometidos en el marco de un ataque de gran amplitud o sistemático contra una población civil, sea cual sea, y con conocimiento de causa", dijo.

La actual represión en Birmania responde a esos criterios: se trata de una campaña coordinada, contra la población civil, de gran amplitud, con unos 2.000 detenidos hasta la fecha, y son bien organizados y ejecutados "con conocimiento de causa de los dirigentes" del régimen, explicó.

Nueve muertos

Mientras, sobre el terreno, "seis hombres murieron a balazos y ocho personas resultaron heridas" explicó un trabajador de servicios de urgencias a la AFP en la región de Myaing (centro).

Cinco de los fallecidos recibieron un disparo en la cabeza.

Otras tres víctimas fallecieron en distintas localidades del noreste y sur del país, escenarios de renovadas protestas.

La Asociación de ayuda a los prisioneros políticos denunció el miércoles al menos 60 civiles muertos desde que se iniciaron las protestas, tras el golpe de Estado del 1 de febrero.

Según el experto de la ONU, la cifra podría superar los 70 decesos.

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones el miércoles por la noche en el distrito de Sanchaung de Rangún, la capital económica del país, que incluyeron redadas en apartamentos en busca de armas.

"Usaron bombas sónicas en todas las calles", dijo un residente del distrito, foco de tensión desde el comienzo de la semana. "Pedimos a nuestros amigos que están fuera de sus casas que no vuelvan", advirtió.

Redadas en hogares, hospitales, universidades, detenciones masivas, munición real: la junta parece más decidida que nunca a sofocar la rebelión, en gran medida pacífica.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció las "ejecuciones extrajudiciales" y el uso de armas de guerra.

La organización dijo en un comunicado que había analizado 55 videos, filmados entre el 28 de febrero y el 8 de marzo por miembros del público y medios de comunicación locales, que mostraban que "la fuerza letal es utilizada de forma planificada, premeditada y coordinada" por los militares.

El golpe de estado, esgrimiendo como excusa supuestos fraudes electorales en las legislativas de noviembre, ganadas por el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), puso fin a una década de transición democrática en Birmania.

Nuevas acusaciones de la junta

Los militares lanzaron por otra parte nuevas acusaciones de corrupción contra Aung San Suu Kyi.

Incomunicada desde el 1 de febrero, Aung San Suu Kyi fue acusada por los militares de haber recibido sobornos por un valor de 600.000 dólares y más de 11 kilos de oro.

Estas denuncias surgen horas después que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por unanimidad de sus 15 miembros --entre ellos China y Rusia, tradicionales aliados de los generales birmanos- criticó la violencia del régimen castrense y les pidió "la máxima moderación".

Denunciando las acciones violentas de las fuerzas de seguridad "contra manifestantes pacíficos, incluyendo mujeres, jóvenes y niños", el Consejo pide a las partes que "busquen una solución pacífica" a la crisis.

También reclama "la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente", sin mencionar la posibilidad de sanciones internacionales.