Muchos ayuntamientos de Puerto Rico en riesgo de quiebra tras fallo judicial
Muchos ayuntamientos en Puerto Rico podrían entrar en quiebra tras el fallo judicial en contra de la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, que busca eximirles del pago del plan de salud y jubilación de sus empleados.
El fallo de la jueza federal Laura Taylor, encargada de gestionar la quiebra de la deuda de Puerto Rico, en contra de la conocida como Ley 29, pone a los ayuntamientos de Puerto Rico en una difícil situación, según señalan este jueves analistas y medios.
Presidente de la Asociación de Alcaldes avisa de despidos
El presidente de la Asociación de alcaldes de Puerto Rico, Joe Román, dijo este jueves que esa decisión judicial, dictada el miércoles, supondrá el despido de empleados municipales en, al menos, 40 municipios.
Román, al frente de la organización que agrupa a los municipios gobernados por el opositor Partido Popular Democrático (PPD), señaló que se hará cuesta arriba mantener a los empleados después de que Taylor eliminara la Ley 29, que obligaba -hasta su anulación- al Gobierno central a hacer la aportación económica del retiro y el plan médico de salud de los empleados municipales.
Román aseguró que la decisión de Taylor dejará a más de la mitad de los municipios inoperantes al estar obligados a conseguir cerca de 320 millones de dólares para el pago de las jubilaciones y del plan de salud de sus funcionarios.
El presidente de la Federación de alcaldes -que aglutina a los municipios del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Molina, sostuvo por su parte que la decisión de la jueza será más grave que la provocada por el coronavirus, una vez que golpea a unas alcaldías sin ingresos.
Alcaldesa de Ponce advierte de riesgo para la salud
La alcaldesa de Ponce -la urbe más grande del sur-, María Meléndez, señaló que la determinación de Taylor pone en riesgo la salud fiscal de los ayuntamientos.
Taylor dio así la razón a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que había pedido invalidar la norma 29 por no cumplir con la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), aprobada por el Congreso en Washington para dar solución al asunto de la deuda, y ser inconsistente con el plan fiscal certificado.
La JSF es una entidad que establece la ley Promesa, aprobada por el Congreso en Washington en 2016 para abordar el tema de la deuda impagable de Puerto Rico.
Entidad federal demandó al Gobierno de Ricardo Roselló
La entidad federal de control al Ejecutivo de San Juan demandó el pasado mes de junio al exgobernador Ricardo Rosselló por entender que la aprobación de la Ley 29 interfirió en la autoridad de la JSF, por lo que se sometió una moción para pedir que se anulara.
La normativa fue legislada a pesar de que el plan fiscal aprobado establecía que los municipios deben cumplir con el pago completo de sus obligaciones en salud y pensiones.
La determinación de Taylor deja además sin efecto varias resoluciones del Gobierno con las que transfirió cerca de 30 millones de dólares de años fiscales previos a varios municipios de la isla, a pesar de tratarse de una práctica prohibida.
La JSF reaccionó al fallo de Taylor para señalar a través de un comunicado difundido hoy que respalda la decisión de la jueza.
Taylor dictó que la Ley 29 es inaplicable y prohibió al Gobierno implementar esa ley.
Además, la resolución judicial indica que, a menos que lo certifique la JSF, las resoluciones conjuntas para reasignaciones con fondos del año anterior se hicieron en violación a la Ley Promesa.
Jaresko dice que la decisión apoyará la responsabilidad fiscal
"Esta es una decisión importante que apoyará los esfuerzos de responsabilidad fiscal en Puerto Rico", subrayó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.
"El pago de pensiones a los retirados del Gobierno debe asegurarse de forma tal que no requiera transferir esta carga al Gobierno. Los municipios y el Gobierno central tienen que presupuestar sus propios pagos para los jubilados de manera responsable y realista", sostuvo.
La Ley 29, según Jaresko, hubiese comprometido las finanzas del Gobierno, era incompatible con el plan fiscal certificado y fue promulgada en violación a la Ley Promesa.
Taylor concedió 3 semanas al Gobierno y la JSF para que lleguen a un acuerdo respecto a la falta de fondos para los municipios y cómo revertir las decisiones tomadas al amparo de Ley 29.
La nulidad de la Ley 29 podría dejar insolventes a los municipios si se considera a aquellos cuyos presupuestos dependen en más de un 70 % del Fondo de Equiparación, un fondo distribuido entre los ayuntamientos que es administrado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
La Ley 29 revivió ese Fondo de Equiparación del que se benefician mayormente municipios de pequeño tamaño.
El CRIM deberá reajustar la entrega de dinero tras el fallo judicial, ya que las remesas fueron distribuidas mensualmente a los municipios basándose en la vigencia de la Ley 29.
