Buscan juicio para militares salvadoreños vinculados a matanza de sacerdotes en guerra civil

San Salvador/El fiscal de El Salvador, Rodolfo Delgado, anunció que busca enjuiciar a militares señalados como autores intelectuales del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, justo cuando este martes se cumplen 32 años del múltiple crimen cometido en el marco de la guerra civil (1980-1992).

"Tenemos que promover la búsqueda de la verdad en torno a los hechos", declaró Delgado, luego de pedir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anular un sobreseimiento a militares implicados.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron el asesinato en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.

En septiembre de 1991, un tribunal de San Salvador juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. Se trataría de militares de alto rango de la época.

En ese juicio, solo el coronel Guillermo Alfredo Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos, y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de la menor Celina.

Ambos oficiales recobraron su libertad con una ley de amnistía de 1993, pero Benavides fue encarcelado nuevamente para completar su sentencia de 30 años, tras declararse prescrita la amnistía en 2016.

Ante la falta de justicia en El Salvador, familiares de los sacerdotes impulsaron en 2009 un juicio en España.

Basándose en el principio de la justicia universal, en septiembre de 2020 la Audiencia Nacional de España condenó al coronel Inocente Orlando Montano a 133 años y cuatro meses de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles, aunque no podrá estar recluido más de 30 años, según la ley de ese país.

La condena a Montano fue posible porque vivía en Estados Unidos, donde fue detenido y luego extraditado a España.