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Congreso de Guatemala aprueba consulta popular por diferendo con Belice
El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles la realización de una consulta popular para determinar si este país centroamericano eleva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un histórico conflicto territorial que mantiene con Belice, informó el Poder Legislativo.
El llamado a consulta popular fue aprobado por 102 de 158 congresistas, detalló el Congreso por medio de su cuenta de Twitter.
Con el aval legislativo, ahora el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe realizar los preparativos para la consulta popular, que forma parte de los acuerdos alcanzados entre Guatemala y Belice para resolver el añejo conflicto que ha dejado varios campesinos guatemaltecos muertos y mantiene tensión en la frontera no delimitada.
Hasta el momento se desconoce una fecha exacta para la realización del referéndum en Guatemala, mientras que Belice también tiene pendiente fijar el día de la consulta.
El referéndum fue acordado por ambos gobiernos en 2008 bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero necesitaba el visto bueno parlamentario.
El 6 de octubre de 2013 había sido establecido como fecha para realizar en simultáneo el referéndum en ambos países, pero Guatemala declinó efectuarlo, al no estar de acuerdo con una reforma constitucional beliceña que exigía un 60% como mínimo de participación ciudadana para dar validez a una consulta popular.
La medida en Belice fue revertida posteriormente y la misma será válida con mayoría simple.
El diferendo territorial lleva más de 150 años pues, aunque Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, le reclama a su vecino 12,272 km2, 50% del territorio de la excolonia británica, incluyendo varias islas y cayos.
El gobierno guatemalteco recrimina a Belice que 10 campesinos guatemaltecos han muerto a manos de militares beliceños en los últimos 17 años, el último caso ocurrido en abril de 2016 con la muerte de un adolescente.
Aunque Guatemala señaló a soldados beliceños del ataque, un informe de la OEA concluyó que las heridas fueron provocadas por disparos de ambientalistas que encontraron al menor junto a su padre y hermano realizando cacería ilegal.
