Expertas de ONU alarmadas por desigualdad y racismo contra indígenas en Guatemala

Un grupo de expertos de la ONU sobre derechos humanos y laborales expresó este viernes su preocupación por los problemas estructurales y el racismo contra los indígenas en Guatemala.

En el país centroamericano, estos pueblos originarios representan cerca del 40% de los 18 millones de habitantes.

Tras una visita de una semana, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos subrayó en un comunicado "las profundas desigualdades, el racismo estructural y la discriminación, que afectan especialmente a los pueblos indígenas".

Las encargadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero que no hablan en nombre de la organización, también lamentaron la "alta concentración de recursos, incluida la tierra, y una influencia indebida de las empresas en cuestiones políticas, normativas y judiciales".

En Guatemala conviven los indígenas mayas y xincas, los garífunas (negros del Caribe) y mestizos.

Durante la visita, las expertas Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, se reunieron con miembros de la sociedad civil, incluidos pueblos indígenas. El informe será presentado ante el Consejo en junio de 2027.

Según la nota, el grupo de trabajo además identificó abusos reiterados de los derechos humanos relacionados con las empresas, como acceso al agua, a la salud y a la alimentación. También mencionaron preocupaciones por la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.

Ante ello, instaron al gobierno a adoptar "medidas urgentes y concretas" para abordar "retos estructurales históricos y garantizar la rendición de cuentas por violaciones y abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial".

A las asociaciones empresariales y empresas pidieron participar de "forma responsable y transparente en cuestiones normativas y regulatorias, y que dejen de usar procedimientos judiciales para silenciar la defensa de los derechos humanos".

No obstante, recibieron con beneplácito la adopción de una política pública de protección de personas defensoras de los derechos humanos y nuevos canales de diálogo con autoridades indígenas.

Este grupo de trabajo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2011.