Familias de desaparecidos en Guatemala piden al Ejército desclasificar un informe

Familiares de 183 víctimas del "Diario Militar", divulgado hace 20 años y que versa sobre capturas ilegales y desapariciones durante el régimen del general Oscar Mejía Víctores (1983-1986), exigieron este lunes al Ejército de Guatemala desclasificar en su totalidad sus archivos sobre el conflicto armado (1960-1996).

En un pronunciamiento, los familiares dijeron que los archivos "son documentos históricos que no pueden ser catalogados como secreto de Estado", y aseguraron que necesitan "conocer la verdad de los delitos que la institución cometió contra el pueblo guatemalteco".

La investigadora estadounidense Kate Doyle, quien divulgó el documento, recordó que el "Diario Militar" o "Dossier de la Muerte" da fe de las capturas ilegales y desapariciones que se registraron durante el régimen del general Oscar Mejía Víctores (1983-1986).

"Es un documento auténtico, de crónicas de desapariciones y una prueba de los operativos de inteligencia militar del que mi país tenía conocimiento", sostuvo.

Doyle dijo que en la investigación que realizó entre 1997 y 1999 la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) sobre las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado "el Gobierno negó el acceso a los archivos del Ejército y de la Policía Nacional Civil".

En el pronunciamiento, los familiares de las 183 víctimas aseguraron que Mejía, fallecido el 1 de febrero de 2016, "nos mintió y negó toda injerencia del Estado en las desapariciones forzadas".

El 20 de mayo de 1999, el "Dossier de la Muerte" les dio esperanza de alcanzar la justicia, pero 20 años después "no ha habido voluntad del Estado" para localizar a los detenidos y desaparecidos.

En este mismo sentido, lamentaron que pese a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIdh) para que el Estado de Guatemala investigue, procese, juzgue y condene a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, no hay ni siquiera un detenido.

Uno de los abogados de las víctimas, Edgar Pérez, comentó que existe una investigación exhaustiva del caso, pero que por estar en reserva no se pueden revelar detalles, aunque sí aseguró que de los 183 casos que aparecen en el "Diario Militar" al menos 40 sobrevivieron a las torturas y "son testigos de los hechos".

Los restos de otros seis fueron encontrados en un cementerio clandestino en un antiguo destacamento militar en San Juan Comalapa, en el departamento occidental de Chimaltenango, en diciembre de 2003 junto a más de 200 osamentas de víctimas de la guerra.

Pero de la mayoría -continuó- se desconoce hasta ahora su paradero y "eso genera dolor".

Desde que Doyle divulgó el documento, 19 familiares de las víctimas han fallecido sin conocer la verdad, por lo que exigen que "se concluya la investigación sobre los delitos evidenciados en el Diario Militar y se proceda a llevar a los tribunales a los responsables".

También que se localicen sus cuerpos para "cerrar el duelo" y que se apruebe la iniciativa de Ley 3590 presentada hace 10 años para crear el Banco Nacional de ADN y así agilizar la búsqueda de los 45.000 desaparecidos durante el conflicto armado interno.

Además, exigen que el Estado se comprometa a continuar con los procesos de exhumación dentro de las zonas militares porque "está claro que ahí se encuentra cementerios clandestinos" como ocurrió en Comalapa.

"Es importante abrir la herida aunque duela, para luego curarla y sanarla y que quede solo como una cicatriz, necesitamos cerrar nuestros duelos por asuntos humanitarios más que por cuestiones jurídicas", expresó un familiar de una de las víctimas.

En el "Dossier de la Muerte", los 183 casos fueron clasificados por claves y números, como el del líder comunitario y catequista Moisés Saravia, uno de los restos encontrados en San Juan Comalapa que estaba con el registro "88".

Saravia se involucró con las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), uno de los cuatro grupos que integraron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), pero en 1984 fue detenido y desaparecido.

El conflicto armado que acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz, dejó en Guatemala unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, además de más de un millón de desplazados internos, y más del 90 % de los crímenes se le atribuyen al Ejército.