Legislativo discute reforma fiscal en Costa Rica en medio de huelga nacional
San José/El Plenario legislativo de Costa Rica comenzó hoy el proceso de discusión final de la polémica reforma tributaria por la cual grupos sindicales del sector público cumplieron hoy 18 días en huelga.
La presidenta del Congreso, diputada del oficialista Partido Acción Ciudadana, Carolina Hidalgo, presentó este jueves un informe en el que admite 368 mociones al proyecto, que a partir de ahora serán discutidas en el Plenario durante seis sesiones, que pueden ser más en caso de ser necesario.
Hidalgo mantuvo la última semana bajo estudio de admisión un total de 373 mociones que habían sido rechazadas en el proceso previo en la Comisión Especial de Reforma Fiscal.
Tras este proceso, la presidenta legislativa decidió aceptar 368 mociones que cumplieron con una serie de criterios y que suponen la posibilidad para que los diputados aprueben enmiendas al proyecto.
"La elaboración del documento fue una tarea que exigió varios días de análisis cuidadoso. Utilizamos la cantidad suficiente y prudente de tiempo para garantizar una resolución que cumpliera cabalmente el procedimiento. Cada una de las 373 mociones se sometió a un riguroso estudio", declaró Hidalgo a los periodistas.
La presidenta del Congreso ha establecido seis sesiones legislativas para discutir y votar las mociones la próxima semana, pero el plazo podría extenderse dependiendo de las circunstancias.
La reforma fiscal, que recaudaría cerca del 1,2 % del producto interno bruto (PIB), busca paliar el déficit fiscal proyectado al 7,1 % del PIB para el 2018 y además frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 % del PIB.
La iniciativa de ley tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y algunos productos de manera diferenciada que estaban exonerados.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.
Los sindicatos en huelga aseguran que el proyecto afectará más a las personas de las clases medias y bajas, algo que el Gobierno niega al asegurar que el 80 % del dinero fresco que se percibirá con la reforma provendrá del 30 % de la población con mayores ingresos.
El Gobierno afirma que las mayores afectaciones durante la huelga se concentran en el sector educación con un apoyo de alrededor del 70 %, y en el de salud, especialmente las salas de operaciones que registran una afectación del 50 %, equivalente a más de 2.000 cirugías.
Tras un día de descanso representantes del Gobierno y de los sindicatos regresaron este jueves a una mesa de diálogo en su séptima sesión con la mediación de la Iglesia católica, en busca de encontrar una salida a la huelga.
El Gobierno insiste en que el proyecto fiscal debe seguir su trámite en el Congreso y ser aprobado en octubre, mientras los gremios exigen el retiro de la iniciativa y conformar una mesa de diálogo multisectorial para redactar un nuevo texto "justo y solidario".