Morales busca apoyo para encarar la crisis institucional en Guatemala

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfrenta las consecuencias políticas de su actuar unilateral al pretender expulsar al jefe de un ente anticorrupción respaldado por la ONU sin cumplir con los preceptos constitucionales, y ha empezado a buscar apoyos para encarar la crisis.

Después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) anulara la expulsión del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, Morales buscó refugio con la poderosa cúpula empresarial, los gobernadores departamentales y la Alianza Evangélica, religión que él mismo profesa.

En estas reuniones, todas privadas y sin acceso a los medios de comunicación, el presidente recibió, según el Gobierno, el apoyo unánime de estos sectores, a quienes invitó a trabajar por el "fortalecimiento de la institucionalidad y la unidad nacional", un discurso que ya había repetido el martes ante los alcaldes del país.

Jimmy Morales, a quien la Cicig y la Fiscalía pidieron retirarle el fuero para que pueda ser investigado por un posible delito de financiación electoral ilícita en la campaña que lo llevó a poder en el año 2015, no ha anunciado aún si continuará en su empeño de echar al comisionado.

El portavoz de la Presidencia, Heinz Hieman, se limitó a decir a Efe que Morales es "respetuoso de la ley, de la independencia de poderes, del Estado de derecho" y de las decisiones judiciales, y agregó que la resolución de la Corte está bajo "análisis", al igual que la posibilidad de emprender otras medidas.

Una postura que según varios analistas consultados por Efe tiene como único fin detener los avances en materia de justicia y ser una "venganza" hacia la Cicig y el Ministerio Público.

El experto Jorge Santos dijo que el presidente "está respondiendo a una estrategia" de sectores y actores con mucho poder "económico y militar que están sufriendo los embates de la justicia", y que buscan así debilitar la institucionalidad de los dos entes para acabar con estas persecuciones.

Pero también es una represalia, arguye, por la acusación contra su hijo y su hermano, José Manuel y Sammy, respectivamente, procesados por un caso de fraude al Estado en el 2013, del que no se beneficiaron económicamente, según la investigación.

Por su parte Issya José de León, de la Universidad Landívar, asegura que Velásquez "simboliza en Guatemala la anticorrupción y el presidente lo ha personalizado como tal", por lo que su intención de expulsarlo del país se ha vuelto ideológica: "Se ha vuelto una lucha contra simbología".

"Lo que hay que reflexionar en este momento como país es que se siguen dando las malas prácticas o el mal uso del poder en las instituciones. Por eso estamos en una nueva crisis institucional", resume la experta, quien admite que el futuro es incierto porque Morales "no es predecible" ni da "seguridad".

Es por ello que aboga por esperar para ver "cómo se maneja la situación", pero invita a la población a poner los ojos en el Congreso, donde, si la Corte Suprema lo avala, llegará la petición para retirarle el fuero, que necesita el aval de 105 de los 158 diputados que conforman la cámara para que pueda ser investigado.

En lo que coinciden expertos y la sociedad civil organizada es en que es necesario ver más allá de renuncias, dimisiones e investigaciones, y piden centrar los esfuerzos en reformas a la Constitución o a la ley electoral y de partidos políticos, porque sino seguirán llegando "las mismas crisis".

Mientras el presidente busca respaldos y apoyos, Velásquez, que se ha mantenido al margen de toda la polémica, en un silencio absoluto, realizó este miércoles una visita de cortesía al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, su primera reunión fuera de la sede la Cicig desde que la semana pasada.