ONG piden al presidente salvadoreño entregar información militar de masacres
Un grupo de organizaciones de derechos humanos de El Salvador pidió este miércoles al presidente del país, Nayib Bukele, entregar los archivos militares relacionados con las masacres, desapariciones y ejecuciones registradas durante la guerra civil (1980-1992).
Los activistas entregaron en la sede del Gobierno una carta en la que llaman a Bukele a ordenar "que se pongan a disposición de las autoridades" judiciales los "archivos militares de relevancia para el esclarecimiento de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad" atribuidos al Ejército salvadoreño.
También pidieron que los representantes de las víctimas en los procesos penales que enfrentan mandos militares retirados tengan acceso a dichos documentos.
Por otra parte, recordaron a Bukele que esperan el cumplimiento de un fallo de la Sala de lo Constitucional en la que se ordena al Gobierno y al Ejército "brindar información que ayude a determinar el paradero de niños desaparecidos" durante la guerra.
Una comisión gubernamental de búsqueda de niños estipula que, de los aproximadamente 10.000 desaparecidos que las organizaciones sociales calculan se dieron durante los 12 años de guerra civil, entre 1.000 y 2.000 fueron niños y adolescentes.
También pidieron al Jefe de Estado, que asumió el poder el pasado 1 de junio, no dar luz verde a la entrada en vigencia de ninguna ley de "impunidad o de amnistía encubierta" que atenten contra los derechos de las víctimas que "sufrieron las peores atrocidades durante el conflicto armado".
El Congreso salvadoreño estudia actualmente un polémico proyecto de ley de "reconciliación nacional" que, según diversos sectores, busca amnistiar los crímenes de guerra.
Las organizaciones sociales también manifestaron en el escrito su preocupación por el freno de procesos de reparación que "se encontraban en funcionamiento" durante la Administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, de las que algunas obedecían a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La anulación de una ley de amnistía de 1993 por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de julio de 2016 permitió la reapertura de varios procesos penales por violaciones a derechos humanos perpetradas en la guerra civil.
Entre estos casos se encuentran la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el asesinato de seis padres jesuitas (1989). La mayoría de las solicitudes información al Ejército provienen de estos casos, pero las autoridades militares se han negado a entregar datos de los planes militares.