Piden a Guatemala aprobar reformas judiciales para parar la corrupción

Ocho organizaciones no gubernamentales pidieron hoy al Congreso de Guatemala aprobar las reformas al sector Justicia promovidas desde el año pasado para acabar con las injerencias externas y garantizar la independencia judicial.

En el texto, rubricado entre otras por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Impunity Watch, Fundación para el Debido Proceso o La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), las entidades manifiestan su "preocupación" por los recientes casos que afectan a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

Entre ellos el que ha llevado a la prisión preventiva a la magistrada Blanca Stalling, acusada de un delito de tráfico de influencias por intentar presionar a un juez que llevaba un caso en el que está implicado su hijo, también en prisión por asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones en el Seguro Social del país.

Casos como este, dicen las organizaciones, "ponen en evidencia las injerencias externas en el sistema de elección de magistrados y jueces, y muestran la necesidad de realizar reformas profundas para garantizar la imparcialidad e independencia de la administración de Justicia".

En este sentido tildaron de "importante" que el Congreso apruebe las reformas constitucionales promovidas desde el año pasado por varios sectores y consensuadas en un diálogo nacional que duró cerca de 6 meses y en el que también estuvo representado, además de otras entidades nacionales e internacionales, la sociedad civil.

En las reformas constitucionales que se promueven en Guatemala se intenta regular el método de elección para que dé garantías a la sociedad.

El reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos indígenas, la creación de la carrera profesional y el fortalecimiento de la transparencia y la meritocracia son los ejes sobre los que giran las reformas constitucionales que se promueven en Guatemala y que deben ser aprobadas por el Congreso, con el apoyo de 105 diputados de los 158 que constituyen la cámara.

Más de 1.500 representantes de diferentes sectores participaron en las mesas de trabajo para pactar la reforma, cuyo documento final, tras ser aprobado en el Congreso, será sometido a una consulta popular.

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, es una de las más acérrimas defensoras de la necesidad de hacer estas modificaciones, que en total pretenden cambiar 25 artículos de la Constitución.

Sin embargo, algunos sectores, como la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) y la cúpula empresarial del país, se han mostrado en contra de esta reforma, que a su juicio podría generar inestabilidad por integrar el régimen consuetudinario indígena a la normativa legal.

A juicio de las ocho entidades firmantes del escrito divulgado hoy, las reformas permitirán mecanismos eficaces para la elección de magistrados, fiscales o jueces y fortalecerá el sistema de carrera judicial para evitar la injerencia de intereses políticos o el tráfico de influencias.

"Los estándares internacionales en la materia dictan que es necesario separar las funciones judiciales de las administrativas como garantía de independencia interna y que es importante contar con un sistema de carrera judicial objetivo en el cual se promueva la excelencia profesional y la ética judicial", agregó el escrito.