China responde a presiones ejercidas por Trump debido a 'represión' en Hong Kong

China amenazó el miércoles con represalias a Estados Unidos después de que el presidente estadounidense Donald Trump promulgara una ley que prevé sanciones frente a la "represión" de Pekín en Hong Kong.

El gobierno chino impuso en junio una dura ley de seguridad nacional en este territorio semiautónomo que hace temer el retroceso de las libertades en la excolonia británica, un texto rechazado por muchos países occidentales.

En este sentido Trump acentuó el martes la presión y anunció el fin del trato económico preferencial que Estados Unidos daba hasta ahora a Hong Kong, un importante centro financiero internacional.

El presidente estadounidense promulgó además una ley que prevé sanciones contra responsables hongkoneses y chinos.

"Hoy firmé la legislación y la orden ejecutiva para hacer que China sea responsabilizada por sus acciones opresivas contra el pueblo de Hong Kong", afirmó Trump en una rueda de prensa.

El decreto pone fin al trato comercial preferencial en vigor hasta ahora.

"Ahora Hong Kong va a ser tratado igual que China continental", dijo Trump, con lo que el territorio perderá el tratamiento económico especial y el acceso a exportaciones de tecnología considera sensible.

También dijo que no tenía ninguna intención de reunirse con el presidente chino Xi Jinping para rebajar las tensiones.

El presidente estadounidense también auguró que muchos hongkoness huirán del territorio, de 7,5 millones de habitantes. "Les retiraron su libertad (...), mucha gente se irá", afirmó.

China considera esta ley "una injerencia flagrante en los asuntos de Hong Kong y los asuntos internos de China", afirmó el miércoles en un comunicado el ministerio chino de Exteriores.

"Para salvaguardar sus intereses legítimos, China aportará la respuesta necesaria e impondrá sanciones a las personas y a las entidades estadounidenses afectadas", advirtió.

Libertad y estabilidad

La ley sobre la autonomía de Hong Kong, aprobada por unanimidad a principios de julio en el congreso estadounidense no solo apunta a los responsables chinos sino también a la policía de Hong Kong.

El texto impone sanciones a los que actúen para restringir las libertades. Además penaliza a los bancos que financien actividades que erosionen la autonomía del territorio.

"China seguirá firme en su determinación y su voluntad de salvaguardar su soberanía", dijo Pékin, que no tiene ninguna intención de retirar su ley sobre la seguridad nacional.

Según sus detractores, este ley supone un retroceso inédito dese 1997, cuando Reino Unido devolvió China la soberanía de Hong Kong.

La ley quiere reprimir las actividades subversivas, la secesión, el terrorismo y la connivencia con fuerzas extranjeras que pongan en peligro la seguridad nacional.

Según Estados Unidos, el texto quiere acallar la oposición hongkonesa tras la manifestaciones prodemocracia masivas del año pasado contra la influencia de Pekín en el territorio.

Según China, este ley permitirá al contrario más estabilidad, pondrá fin a la violencia que marcó las protestas de 2019 y permitirá reprimir el independentismo.

"Impacto devastador"

Según Julia Friedlander, de la consultora estadounidense Atlantic Council, las sanciones estadounidenses "crearán instantáneamente barreras comerciales" y tendrán "un impacto devastador sobre Hong Kong como puerta de entrada financiera hacia los mercados occidentales".

Washington aumentó al presión a Pekín en los últimos días, también en otras cuestiones.

El lunes, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo apoyó a los estados vecinos de China en el conflicto territorial en el mar de China Meridional.

Washington también logró una victoria en su lucha contra el gigante chino de telecomunicaciones Huawei, al que acusa de espionaje por cuenta del gobierno de Pekin, cuando Gran Bretaña anunció el martes que sacaría de su equipamiento internet 5G todo el material producido por la compañía.

La semana pasada Estados Unidos anunció que rechazaría los visados de tres altos responsables chinos acusados de orquestar, en nombre de la lucha antiterrorista, la represión contra los musulmanes uigures en Xinjiang, una región del noroeste de China.