Instituciones cristianas piden un defensor para familias migrantes separadas

La Conferencia de Obispos Católicos y el Servicio de Inmigración y Refugiados Luterano de EE.UU. reclamaron hoy al Gobierno que nombre un defensor del pueblo para responder a las necesidades de las familias de inmigrantes separadas como consecuencia de las políticas del presidente Donald Trump.

En un informe publicado este miércoles, ambas instituciones religiosas solicitaron al Ejecutivo que cree esta figura, que además sería la encargada de liderar un grupo de trabajo de distintas agencias gubernamentales para facilitar la asistencia y gestión de ese colectivo.

La publicación del documento se produce en un contexto en el que el diario The Washington Post informó el pasado viernes de que el Gobierno de Trump se plantea volver a separar familias de inmigrantes, algo que el propio presidente no ha negado, e incluso llegado a apostar por medidas más duras en la materia.

Según la recomendación del informe, el Defensor del Pueblo debería supervisar la acción del Gobierno sobre esas separaciones y, en caso de que las divisiones de familias se eleven durante un mes un 20 % respecto a los 30 días anteriores, notificarlo al Congreso y al público.

Otra de las peticiones es que el Ejecutivo registre y justifique cada una de las separaciones, incluyendo los crímenes que se le imputan a los familiares mayores de edad, lo que ayudaría a disponer de datos más precisos en caso de tener que reunificarlos con los menores a los que acompañaban.

Entre el total de veinte recomendaciones, se encuentran apartados relativos a incrementar la documentación de los casos y los pasos dados por cada inmigrante tras entrar al país, así como facilitar el conocimiento público de las causas y de los datos generales.

La política de separación de menores inmigrantes irregulares en la frontera sur de EE.UU. se iniciaron en abril y fue frenada, entre críticas, por el propio Trump en junio, cuando supuestamente acabó con estas prácticas.

El Gobierno ha reunificado con sus padres a 2.363 de los 2.654 niños que fueron separados de los adultos que les acompañaban en la frontera. Del grupo restante, unos 175 menores no regresarán con sus padres, ya que estos han renunciado a dicha opción, según el último informe presentado por el Gobierno.