Damnificados siguen esperando justicia cinco años después de incendio de la torre Grenfell en Londres

Londres, Reino Unido/Los damnificados de la Torre Grenfell, edificio londinense de viviendas sociales de 24 plantas que ardió como una antorcha matando a 72 personas, en su mayoría migrantes, conmemoran este martes el quinto aniversario de la tragedia, todavía a la espera de que se haga justicia.

Un congelador defectuoso inició el 14 de junio de 2017 un fuego que se propagó a gran velocidad por la torre, ubicada en el adinerado barrio londinense de North Kensington, debido al altamente inflamable revestimiento de su fachada, hecho de láminas de aluminio y polietileno.

En una tragedia que conmocionó al país, perdieron la vida 71 residentes y un bebé nació muerto. Decenas de familias quedaron sin hogar, desplazadas durante años a albergues y otros alojamientos temporales.

Cinco años después, tres de ellas siguen sin vivienda permanente y no se han presentado cargos penales, ya que la policía decidió esperar al fin de una investigación que podría prolongarse hasta 2023.

Este martes, los damnificados conmemoraran la tragedia con una misa multiconfesional, a la que asistirán el príncipe Guillermo, de 39 años, segundo en la línea sucesoria al trono británico, y su esposa Catalina, de 40 años.

Entre ellos estará el portugués Tiago Alves, de 25 años, que vivía con sus padres y su hermana en la planta 13 y estaba mirando la televisión cuando el fuego se declaró de madrugada.

Tras haber cenado con unos amigos que visitaban Londres, sus padres los acompañaron a su hotel.

Su hermana llevaba un buen rato durmiendo porque al día siguiente tenía exámenes, explicó Alves a la revista Big Issue, especializada en cuestiones sociales, en 2018 con motivo del primer aniversario.

Al regresar, sus padres vieron el principio del fuego.

"Obtener justicia"

"Mi padre abrió la puerta de golpe y gritó que teníamos que vestirnos y salir", pese a que la consigna oficial era quedarse en el interior y esperar a los socorristas, recordó.

"Bajamos corriendo, pero mi padre se quedó llamando a las puertas de todos los habitantes del piso 13", relataba.

Alves recordaba ya entonces la falta de mantenimiento de un edificio gestionado por el ayuntamiento local del distrito londinense de Kensington and Chelsea, y el contraste con las lujosas viviendas privadas de la zona.

"Podías cruzar la calle y ver la diferencia entre una vivienda social y una casa de cinco millones de libras. El ayuntamiento tenía un problema de actitud hacia nosotros. Para ellos sólo éramos personas que vivían en una vivienda social", decía a Big Issue.

Ahora, Alves y su familia militan "para que algo así no vuelva a suceder".

"La única manera de obtener justicia es continuar nuestra lucha, continuar nuestra campaña (...) para que haya un cambio", declaró a la agencia de noticias británica PA.

640.000 casos similares

Los damnificados "han enfrentado constantes negativas por parte de los responsables de que Grenfell estuviera cubierto de un revestimiento tan inflamable como la gasolina", denunció Matt Wrack, secretario general del sindicato de bomberos.

Los socorristas fueron criticados por su tardanza y su respuesta al incendio, pero muchos de ellos, que afirman seguir traumatizados por lo ocurrido, se sumarán a una marcha silenciosa organizada tras la misa.

"Han soportado la espera de unos cargos penales que continúa hoy en día. Nos inspiran a todos con su implacable lucha por la justicia y seguimos solidarizándonos con ellos en cada paso del camino", agregó Wrack.

En un país donde todos los ayuntamientos locales deben proporcionar cierto número de viviendas sociales, unas 640.000 personas viven en edificios que conservan el mismo revestimiento altamente inflamable en sus fachasas, según cifras del diario The Time.

Incapaces de pagar el elevado coste de retirarlo, no solo se encuentran en una situación peligrosa sino que vieron aumentar las primas de sus seguros y en algunos casos tienen que pagar un costoso servicio de respuesta antiincendios las 24 horas del día.

Además, la mayoría no pueden vender o alquilar sus apartamentos -que los ocupantes pueden adquirir- porque los bancos no están dispuestos a conceder hipotecas para estas propiedades.