Fiscal pide inhabilitar a independentistas catalanes por desobediencia

La Fiscalía española acusó este viernes de "desobediencia grave" a cuatro antiguos miembros soberanistas de la Mesa (órgano de gobierno) del Parlamento catalán por permitir la tramitación en 2017 de dos leyes orientadas a la independencia de la región española de Cataluña al margen de la Constitución.

Los encausados "renunciaron al diálogo en favor de la unilateralidad, en favor de la ruptura de la legalidad" española, argumentó el fiscal Pedro Ariche en la última sesión del juicio por estos hechos, en el Tribunal Superior de Cataluña.

Confirmó la petición de un año y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargo público y 30.000 euros de multa para cada uno, pertenecientes a los partidos PDeCAT (centroderecha) y ERC (izquierda republicana), y también para una exdiputada de la CUP (izquierda antisistema).

El Tribunal Supremo español ya condenó en octubre pasado a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y otros ocho líderes soberanistas a penas de entre nueve y trece años por su responsabilidad en el proceso ilegal de "autodeterminación" de aquel año en Cataluña.

El representante del Ministerio Público negó hoy que exista una "causa general" judicial contra el independentismo catalán, sino que los acusados llevaron la desobediencia "al extremo", pues desoyeron de manera continua las advertencias del Tribunal Constitucional (TC).

Argumentó el fiscal que los acusados no estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria, pues esta condición no es "ilimitada".

Por el contrario, tenían la obligación de cumplir los mandatos del TC para impedir el debate de dos proyectos de ley para un referéndum de "autodeterminación" y la transición a una "república catalana", que el Parlamento regional aprobó los días 6 y 7 de septiembre de aquel año.

Según el fiscal, la ideología independentista de los acusados es "legítima", si bien se debe materializar dentro de la legalidad vigente, que no permite, hoy por hoy, la secesión de unilateral de ninguna parte de España.

Tampoco se depuran en esta causa responsabilidades políticas, según la Fiscalía, ya que el juicio está amparado por la separación de poderes y avalado por el hecho de que la Constitución española establece la obligación de cumplir las decisiones de los tribunales.

La Abogacía del Estado, que solicitó la misma pena, adujo que no querer reconocer la legitimidad del TC no exime "de cumplir sus resoluciones".

Por el contrario, los abogados defensores rechazaron que puedan ser condenados por ejercer su trabajo de parlamentarios, pues entendían que estaban amparados por ley como "legítimos representantes" de la ciudadanía catalana.

Condenarlos "significará reprocharles no haber censurado previamente" un debate parlamentario que "consideraban un derecho fundamental", dijo la letrada Judit Gené.