Francia busca respuestas tras una semana de violentos disturbios

París, Francia/El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este martes a más de 300 alcaldes de localidades golpeadas por los disturbios de la última semana a la búsqueda de respuestas a la crisis provocada por la muerte de un joven baleado por la policía.

"¿El regreso a la calma será duradero? Seré prudente, pero el pico que hemos visto en los últimos días ya ha pasado", dijo Macron al inicio de la reunión con los regidores, a quienes expresó su "reconocimiento" por su "acción".

El encuentro se produce cuando parece confirmarse una desescalada. En la noche del lunes al martes, las fuerzas de seguridad detuvieron a 72 personas, hubo 24 edificios dañados y 159 autos incendiados, pero ningún agente herido, según las autoridades.

Los disturbios estallaron el martes por la noche tras la muerte de Nahel, un joven de 17 años a quien un policía disparó a quemarropa durante un control de tránsito en Nanterre, un suburbio de París. Un vídeo captó el momento del drama.

Desde entonces, se incendiaron comisarías, escuelas y ayuntamientos, se saquearon tiendas y se lanzaron cohetes contra las fuerzas de seguridad, en respuesta a un drama que relanzó el recurrente debate sobre la violencia policial.

Y el ataque con un coche durante el fin de semana al domicilio del alcalde de Haÿ-les-Roses (al sur de París), el derechista Vincent Jeanbrun, también puso de relieve la creciente violencia que enfrentan los representantes públicos.

Ley urgente

Aunque el análisis de los hechos y la respuesta se anuncian complejos, Macron ya avanzó ante los alcaldes que presentará una ley urgente para reparar los daños causados y ayudas financieras para carreteras, edificios municipales y escuelas.

El gobierno también se dijo abierto a "anular" las cotizaciones sociales y fiscales para los comercios atacados. La federación francesa de aseguradoras France Assureurs indicó que se declararon 5.800 siniestros por particulares y profesionales.

Pero más allá de los daños materiales, la clase política sigue sin ponerse de acuerdo sobre la raíz del estallido de violencia, como constató el mandatario centrista durante la reunión con los alcaldes en París.

La derecha y la ultraderecha piden mano dura contra los autores de los disturbios, pero la oposición de izquierda apunta también al polémico papel de la policía en los suburbios y la situación en estos barrios, entre los más pobres de Francia.

"La República no tiene que disculparse. Ya ha hecho mucho por estos barrios", dijo el alcalde derechista de Meaux (al noreste de París), Jean-François Copé. Su par de Nanterre, Patrick Jarry (izquierda), consideró que abordar la misión de la policía es "ineludible".

Las primeras propuestas evocadas por Macron durante una visita en la noche a policías apuntan a la primera opción, al evocar "sancionar económicamente" a las familias de los jóvenes que participen en los disturbios. El viernes, llamó a sus "padres" a mantenerlos en casa.

Su ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, recordó a la fiscalía la "responsabilidad penal" de quienes no ejerzan la autoridad parental, que puede conllevar penas de hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa (32.700 dólares).

"Respuesta represiva"

"Si la solución a todos los conflictos sociales es una respuesta represiva del Estado para restablecer el orden, con mucha probabilidad la violencia continuará aumentando", indicó a AFP el sociólogo Denis Merklen, especialista de las protestas en los suburbios.

El profesor de la universidad Sorbonne Nouvelle explicó que, desde hace casi 45 años, estos barrios, donde "el Estado es omnipresente" gestionando el transporte o las viviendas sociales, se sienten "menospreciados", y que "si no se rebelan, atraen muy poca atención de la prensa".

La violencia y la ira de los jóvenes de los suburbios recuerdan a los disturbios que sacudieron Francia en 2005, después de la muerte electrocutados de dos adolescentes cuando huían de la policía.

Desde el martes, se detuvo a 3.486 personas, se incendiaron 12.202 vehículos, se dañaron 1.105 edificios y 209 puestos de policía o gendarmería, según el último balance del ministerio del Interior.