Francia ofrece ayuda al filtrador galo de LuxLeaks

Francia ofreció ayuda al ciudadano francés Antoine Deltour, exauditor de PricewaterhouseCoopers (PwC) juzgado en Luxemburgo como presunto filtrador de unos 28 mil documentos sobre las resoluciones tributarias acordadas entre el Gran Ducado y 340 multinacionales entre 2002 y 2010.

"Le he pedido esta mañana al embajador de Francia en Luxemburgo y al consulado general (...) que le ayuden si es necesario en este período difícil en el que defiende el interés general y que aún así debe responder ante una jurisdicción penal luxemburguesa", señaló en la sesión de control al Gobierno en Asamblea Nacional el titular francés de Finanzas, Michel Sapin.

El ministro respondió así a una pregunta sobre la situación de Deltour del diputado socialista Dominque Potier, quien no hizo alusión a los otros dos ciudadanos franceses encausados.

"Gracias a él hemos podido poner fin a esa opacidad que impedía a los países europeos conocer la situación fiscal exacta de un gran número de empresas en Luxemburgo", agregó Sapin, cuya respuesta fue aplaudida por el hemiciclo.

El ministro no se refirió a los otros dos ciudadanos franceses que se sientan junto a Deltour, de 31 años, en el banquillo: el periodista francés Edouard Perrin, que divulgó el escándalo, y otro empleado francés de la consultora, Raphaël Halet.

Deltour está acusado de haber robado documentos de la consultora antes de que la abandonara en 2010 y de revelar secretos empresariales y haber violado la confidencialidad profesional.

Confió los documentos a Perrin, quien primero reveló la información en 2012 en un programa de la cadena de televisión pública "France 2", y está acusado de complicidad en el robo de documentos, de la revelación de información confidencial y de violación del secreto profesional.

Se le acusa de haber manipulado a Halet para que efectuara una segunda filtración de documentos.

El escándalo reveló prácticas del Gran Ducado que permitió a las multinacionales pagar menos del 1 % en impuestos en lugar de un 29 % y salpicó directamente al actual presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien entonces era primer ministro de Luxemburgo, además de ministro de Finanzas.

Se prevé que el proceso legal contra los tres franceses, que se enfrentan a penas de entre cinco y diez años de prisión, se prolongue hasta el próximo 4 de mayo.