Gobierno español acusa al catalán de alentar el 'odio' contra la Policía
El Gobierno español acusó este martes 3 de octubre, al Ejecutivo regional catalán de alentar el acoso y los actos de "odio" hacia los policías nacionales y los guardias civiles enviados a Cataluña con motivo del referéndum ilegal independentista del 1 de octubre, y avisó de que dichos actos "tendrán la correspondiente respuesta jurídica".
En una declaración en el Ministerio español del Interior, su titular, Juan Ignacio Zoido, atribuyó al presidente regional catalán, Carles Puigdemont, el acoso a las fuerzas de seguridad dependientes del Estado español, que han sido objeto de insultos y escraches por parte de activistas independentistas en las últimas horas.
A Cataluña se desplazaron miles de agentes en los días previos a la votación ilegal del domingo para impedirla y el ministerio ha anunciado que permanecerán en la región el tiempo que sea necesario.
Los propietarios de varios hoteles catalanes en los que se alojan estos días los agentes pidieron que los dejen, con argumentos como que habían sido amenazados de cierre por ayuntamientos gobernados por partidarios del secesionismo, aunque luego ambas partes lo negaron en un comunicado.
Por contra, también fueron numerosas las llamadas de vecinos y de otros hoteles de diferentes zonas ofreciendo su apoyo y disposición para alojar a los guardias.
A este respecto, el ministro Zoido aseguró a la prensa que ni la Policía ni la Guardia Civil abandonarán ningún hotel en Cataluña en el que exista un contrato en vigor.
Miembros del Ejecutivo regional catalán, con Puigdemont a la cabeza, habían reclamado la retirada de esas fuerzas enviadas desde distintos puntos de España.
Para el ministro Zoido es "inconcebible" que en un Estado de derecho, policías y guardias civiles desplazados para cumplir la ley estén siendo objeto de insultos y se hayan visto obligados a abandonar los hoteles.
"Alentados e inoculados" por Puigdemont, esos actos de odio, según el ministro, exigen la condena de todos los demócratas, así como su rechazo a todos los que alientan esta "rebelión".
Para esclarecer lo sucedido, la Fiscalía puso la investigación en manos del servicio especial de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, que abrió diligencias por los delitos de amenazas, coacciones y contra los derechos fundamentales y libertades públicas "cometido por la pertenencia de los afectados a la nación española".
También el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña requirió hoy información "detallada" sobre al actuación de la Policía al responsable de coordinar el dispositivo para el referéndum, Diego Pérez de los Cobos, designado por el ministerio español del Interior.
Todo esto ocurrió en una jornada de paro convocada en Cataluña por organizaciones sindicales y movimientos secesionistas para protestar por la actuación policial del domingo, que tuvo un amplio seguimiento en la administración pública, en la educación, la sanidad y el transporte público, y poco seguimiento en la industria.
Las autoridades regionales aseguraron que la huelga fue "masiva", aunque sin precisar datos globales.
Prácticamente todas las escuelas catalanas cerraron por falta de asistencia de los alumnos, mientras que las universidades catalanas también se sumaron a la protesta.
En Barcelona, muchos comercios optaron por no abrir, y otros cerraron tras las actuación de piquetes, que también intervinieron en polígonos industriales.
La incidencia fue reducida en la mayoría de grandes empresas catalanas y el aeropuerto de Barcelona funcionó con normalidad, mientras que la actividad en el puerto de la ciudad estuvo paralizada.
Los puertos de Barcelona y Tarragona se han visto afectados por la huelga, al implicarse en el paro el colectivo de estibadores.
En las grandes empresas el paro ha tenido un seguimiento reducido, mientras la mayoría del pequeño comercio lo ha secundado y las grandes superficies han abierto con normalidad, excepto cuando han pasado los piquetes.
Al mismo tiempo, centenares de personas se manifestaron o concentraron en varias localidades para reprochar la actuación policial.
Colectivos de bomberos, de agentes rurales, de colectivos feministas, libertarios y sindicales participaron en las movilizaciones.
