Inquietud en la oposición por poderes especiales para Maduro

La Asamblea Nacional otorgó poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para legislar en diferentes áreas y garantizar la defensa del país, lo que generó inquietud entre opositores y analistas sobre un posible incremento de los controles del Estado y que la crisis diplomática con Estados Unidos sea llevada a una militarización.

En medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, la mayoría oficialista aprobó cerca de la medianoche del martes en primera discusión la llamada "ley habilitante antiimperialista para la paz", que deberá ser sometida a un segundo debate el 15 de marzo para su aprobación final.

La legislación especial, la segunda que recibe Maduro en casi dos años de gobierno, tendrá una duración de seis meses y se centrará en la protección contra la injerencia de otros Estados, acciones bélicas y cualquier otra actividad que pretenda violentar la paz y el funcionamiento de las instituciones, indicaron congresistas opositores a The Associated Press.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez afirmó el miércoles, sin ofrecer más detalles, que Estados Unidos está contemplado un "bloqueo financiero y comercial contra Venezuela" y planteó en una entrevista con el canal privado Venevisión que los países deben prepararse "para defender su territorio y la integridad de sus ciudadanos".

Por su parte, el vicepresidente Jorge Arreaza se reunió con el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación para evaluar la actual coyuntura y realizar recomendaciones a Maduro ante la situación planteada con Estados Unidos, informó el gobierno.

Maduro acudió la víspera a la Asamblea Nacional para pedir poderes especiales para enfrentar "la amenaza del gobierno de los Estados Unidos" y preparar al país en el ámbito económico, financiero y comercial para "cualquier variante de bloqueo".

La solicitud se dio un día después de que Estados Unidos congeló los bienes de siete funcionarios venezolanos en territorio estadounidense y declaró al país sudamericano una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional.

A fines del mes pasado el mandatario venezolano había ordenado reducir el personal de la embajada de Estados Unidos en Caracas y exigir visa de turistas a los estadounidenses que visiten el país.

Algunos opositores rechazaron las acciones del mandatario alegando que lo que busca es crear una cortina de humo para desviar la atención de la severa crisis económica que atraviesa el país y cohesionar a sus seguidores de cara a las elecciones parlamentarias de este año en las que el oficialismo no figura como favorito debido a la pérdida de popularidad que ha sufrido Maduro en los últimos meses.

Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental local Control Ciudadano -que se dedica a temas de seguridad- dijo a AP que no se requiere de una ley habilitante para garantizar la seguridad del país debido a que hay varias normativas vigentes sobre esa materia.

La activista manifestó preocupación porque se esté "militarizando el conflicto con Estados Unidos", que hasta ahora se ha centrado en acciones diplomáticas y administrativas.

"Esta nueva ley llamada antiimperialista no es otra cosa que la intención de Nicolás Maduro de volver a tener todo el poder en sus manos y eso es un grave riesgo para los venezolanos comunes", afirmó el secretario general nacional del partido opositor Primero Justicia, el diputado Tomás Guanipa, en una entrevista con Venevisión.

La dirección de Primero Justicia, el mayor partido opositor, rechazó la intromisión de otros países en los asuntos internos de Venezuela y dijo en un comunicado que ese tipo de acciones "terminan sirviendo para validar historias fantasiosas de un gobierno impopular".

Las nuevas fricciones entre Washington y Caracas han alejado la posibilidad de una normalización de las relaciones.

Pese a que ambos países están sin embajador desde 2010, mantienen un intenso intercambio comercial.

Las fricciones diplomáticas ocurren en medio de la compleja crisis económica que enfrenta Venezuela por una inflación que cerró el año pasado en 68,5%; severos problemas de abastecimiento de algunos productos básicos y una recesión que según analistas podría agravarse por la caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos del país.