Muere policía en protesta en este de Caracas

Un policía nacional murió y dos más resultaron heridos durante un incidente violento que se registró en el municipio capitalino de Chacao, en el este de la ciudad, en medio de una protesta callejera, informaron las autoridades.

El policía falleció tras ser herido de bala en medio de una manifestación que se registró en la urbanización de Los Palos Grandes, informó el alcalde opositor del municipio capitalino de Chacao, Ramón Muchacho, en su cuenta de Twitter.

En el suceso también resultaron lesionados por arma de fuego otros dos policías nacionales.

Los incidentes violentos ocurrieron cuando varias decenas de policías nacionales, con equipos antimotines, se presentaron en Los Palos Grandes para remover unas barricadas que fueron colocadas en medio de la vía en protesta por el desmantelamiento de cuatro campamentos de opositores.

Algunos manifestantes, con los rostros cubiertos con telas, se enfrentaron a los policías nacionales lanzándoles piedras y botellas. Los cuerpos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma para tratar de dispersar a los manifestantes.

"Un francotirador lo mató, mientras se encontraba el policía limpiando escombros de unos guarimberos (manifestantes opositores) violentos, asesinos, de una derecha asesina", afirmó el presidente Nicolás Maduro afirmó, durante un acto en el centro de la capital que fue transmitido en cadena de radio y televisión.

El policía fue identificado como Jorge Colina Tovar, de 25 años.

Con el fallecimiento de este policía se elevan a 42 los muertos desde que empezaron las protestas callejeras contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas y otras ciudades en febrero.

Cientos de guardias y policías nacionales desmantelaron el jueves cuatro campamentos que mantenían jóvenes opositores en el este de la capital. En el operativo fueron detenidas 243 personas que se espera que sean presentadas el viernes en tribunales, según informó un fiscal del caso.

Los campamentos habían sido instalados desde hacía más de un mes. Dos de ellos habían sido levantados frente al edificio donde funcionan las oficinas del Programa de Naciones para el Desarrollo y en la plaza Bolívar del municipio capitalino de Chacao.

Otros dos se levantaron en el sector de Santa Fe y la plaza Alfredo Sadel del municipio capitalino de Baruta.

De acuerdo con el relato de vecinos de Palos Grandes, en medio de la noche llegaron varios centenares de guardias nacionales a las áreas cercanas al campamento que estaba frente de las oficinas de Naciones Unidas y tomaron el lugar, mientras desde los edificios aledaños comenzaron a lanzarles objetos contundentes y a gritarles insultos.

Los guardias nacionales estacionaron un camión descubierto en el que cargaron más de un centenar de carpas ya desarmadas y otros objetos que tenían los manifestantes, según imágenes que difundieron los medios locales.

Muchacho dijo en su cuenta de Twitter que poco antes de las 3:30 de la mañana, unos 700 guardias nacionales y 200 policías nacionales se presentaron en los dos campamentos y los desalojaron.

"Es horrible, es horrible. Esto es una injusticia", dijo entre llantos Génesis Gonzáles, una estudiante de 20 años, al afirmar que desde la víspera no sabe del paradero de su hermano Junior Areas, de 18 años, quien era uno de los jóvenes que estaba en el campamento.

"Esto que estamos viviendo no es normal. Esto no se lo merece nadie", agregó Gonzáles al negar que los jóvenes del campamento tuvieran drogas o armas, tal como sostienen las autoridades.

El ministro de Relaciones Interiores, el mayor general Miguel Rodríguez Torres, dijo a la televisora estatal que las autoridades determinarán en las próximas horas quiénes de los 243 detenidos serán presentados ante el Ministerio Público y los tribunales. Entre los detenidos están 18 adolescentes, una de las cuales está embarazada, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Decenas de familiares de los detenidos se aglomeraron el jueves en los alrededores del Comando Regional Número 5 de la Guardia Nacional, al suroeste de la ciudad, para tratar de ver a alguno de los jóvenes apresados, pero las autoridades no lo permitieron, afirmó una de las abogadas de los arrestados, Nely Areas.

"No le han respetado los derechos en el sentido de que ellos necesitan hablar con un abogado de su confianza", dijo Areas, quien aseveró que la Fiscalía y las autoridades militares no le permitieron hablar con su sobrina Noraly Quintero, una dirigente estudiantil de 22 años.

"Tengo mucho dolor. Sabe, así somos las madres. Lo que le pasa a un hijo le pasa a la madre", comentó entre llantos Marisol Rivera mientras esperaba noticias de su hijo detenido, Christian Rivera, de 24 años, sentada sobre el muro de una autopista a las afueras de la instalación militar. "Me siento muy indignada y con mucha tristeza porque he criado a mi hijo con mucho sacrificio... para que lo tengan preso como un delincuente", agregó Rivera.

El ministro indicó que las autoridades tienen evidencias que desde esos sitios salían grupos a "cometer hechos terroristas, incendiar las cabinas del Metro, incendiar patrullas de la policía, enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad", y agregó que "es impresionante la cantidad de droga que se consiguió en este sitio".

En una transmisión de la televisora estatal, el alto funcionario dijo que entre los objetos que fueron incautados en los campamentos había dinero en efectivo, fuegos artificiales, explosivos de bajo poder conocidos como "niples", pólvora, radios, teléfonos móviles, bombas molotov, bombas lacrimógenas, drogas y algunas armas de fuego.

"Esto señala que hay un aparato logístico detrás de toda esta operación", dijo Rodríguez Torres al descartar que estas acciones formen parte de una "protesta espontánea".

El lugar donde pernoctaban unos 300 jóvenes amaneció este jueves desolado. Sólo había prendas de vestir y zapatos tirados en el suelo entre restos de basura y pancartas destrozadas.

El desmantelamiento de los campamentos fue anunciado horas antes de que iniciara una audiencia judicial en el proceso penal que se adelanta en contra del líder opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia en las protestas.

Pero la audiencia fue suspendida y López fue llevado de vuelta a una prisión militar apenas llegó a la corte, ubicada al centro de Caracas.